El Plan Insular de Rehabilitación de Viviendas de Tenerife, cuyo objetivo es facilitar ayudas a las familias para adaptar sus casas a condiciones mínimas de habitabilidad, permitirá en esta ocasión legalizar inmuebles, señaló ayer la directora insular de Vivienda, Marta Arocha.

Marta Arocha dijo que el anterior plan era solo para viviendas legales, pero ante las peticiones de ayuntamientos, sobre todo del Sur de la Isla, en esta ocasión se podrán incluir viviendas que con esta medida se legalizarán.

El plan de este año tiene un presupuesto de 1.659.935,12 euros para los 31 municipios de Tenerife y del total de ese dinero la Corporación insular aporta 1.322.700,55 euros y el resto lo pondrán los ayuntamientos.

El vicepresidente primero del Cabildo y responsable del área de Vivienda, Aurelio Abreu, dijo que el objeto del mismo es asegurar la función social de la vivienda, mediante el otorgamiento de subvenciones directas a los ayuntamientos para que los distribuyan entre aquellos propietarios de viviendas que no se encuentren en condiciones mínimas de habitabilidad, y que estén en situación de extrema necesidad (apreciada por los Servicios Técnicos municipales).

Las cantidades serán distribuidas entre los 31 municipios en base a los mismos criterios del Plan de Cooperación Municipal 2014-2017.

Aurelio Abreu informó de que "el Cabildo va de la mano de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias para hacer un esfuerzo importante en esta materia, para aumentar los recursos, para potenciar la compra de edificios y, tras su rehabilitación, ponerlos en circulación como viviendas sociales".

De igual modo, el vicepresidente recordó que "este plan permitirá, también, crear empleo en un sector afectado por la crisis en la Isla como es el de la construcción. Supondrá, por tanto, un respiro para pequeñas y medianas empresas, que podrán ser contratadas para ejecutar las reformas". "Será una manera de recuperar y mantener vivo el patrimonio que han dejado los antepasados, y de dignificar la vida de las familias que, por motivo de la crisis, no han podido hacer frente a los arreglos necesarios", argumentó.

En base a este documento, los consistorios, mediante convocatorias públicas, conceden dichas subvenciones que, complementadas con su aportación, llegarán a los distintos beneficiarios y a los inmuebles. Las cuantías individuales a entregar por parte de las corporaciones locales no superarán los 6.000 euros.

Proyecto "Base 25"

Durante la celebración de la rueda de prensa salió a relucir el proyecto que lleva a cabo el Área de Cooperación Municipal, Vivienda y Aguas del Cabildo junto a Cáritas Diocesana de Tenerife, denominado "Base 25". Se trata, según explicaron, de una iniciativa que pretende facilitar los alquileres sociales a las personas sin hogar. Y para ello, se ha elaborado un protocolo junto a Cáritas y los técnicos municipales designados por la Fecam, que son los que marcan las pautas a los equipos multidisciplinares de Servicios Sociales de cada municipio. En este sentido, tanto Abreu como Arocha señalaron ayer a los medios de comunicación que son muchos los ayuntamientos de la Isla que están trabajando duro para colaborar con el proyecto "Base 25", y destacaron que la colaboración entre todas las administraciones implicadas es fundamental.