El sindicato CSI-F denuncia que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tiene un déficit de casi 100 agentes, ya que el número debería ser de 2,1 policías por cada 1.000 habitantes, según dicta el Decreto 75/2003 del Gobierno de Canarias.

Según el sindicato, la plantilla al completo es de 336 agentes en la actualidad, pero dependiendo de la vigilancia y control del tráfico hay 210, que se encuentran distribuidos en las cinco unidades operativas y la Unipol, formada cada una de estas unidades por 35 policías uniformados que prestan sus servicios en las vías y calles del municipio.

Así, el CSI-F destaca que existen 136 policías locales que no se encuentran en estas unidades, lo que determina que "la plantilla esté envejecida o que ese personal se encuentre desempeñado puestos llamados de segunda actividad", o que esté "cebada en puestos administrativos o en servicios que no satisfacen las demandas ciudadanas".

En ambos casos, expone, "son datos preocupantes, ya que hablamos de un tercio de la plantilla policial".

Asimismo, indica que aún cubriendo la ratio que marca el decreto de 2003, si se alcanzara la cifra de 431 agentes, sería "insuficiente" para cubrir las necesidades del municipio.

El sindicato cree "más gravoso aún si cabe" son las 143 vacantes de Policía Local, que por jubilaciones u otro motivo han dejado de prestar servicio, dejando la plaza que ocupaban sin cubrir por un nuevo agente en la correspondiente oferta de empleo público, "oferta de empleo que el Ayuntamiento de Santa Cruz no ha querido convocar desde la última que, obviando los 22 agentes que se encuentran actualmente en el periodo de prácticas, data del año 2006".

Por todo ello, el CSI-F solicita al alcalde, José Manuel Bermúdez, que lleve a cabo una "reestructuración" del cuerpo policial o se establezcan servicios extraordinarios durante la época estival, con el fin de "ofrecer seguridad y tranquilidad" a los ciudadanos.

USO DE ARMAS LARGAS

Además, el Sindicato subraya que ha solicitado al área de seguridad en varias ocasiones la adquisición de chalecos antibalas y antipinchazos individualizados para cada agente, demandas intensificadas por los acontecimientos acontecidos en Cataluña con el ataque de "un perturbado" a dos agentes de la Guardia Urbana con un subfusil AK 47.

"Nos parece antihigiénico y poco práctico el uso de chalecos intercambiables entre los agentes y exigimos chalecos interiores, uno por agente que preste sus servicios en vía pública, que se dote a éstos de los medios necesarios para protegerse de ataques con arma de fuego o armas blancas, ya que es la Administración, según la Ley, la encargada de la prevención de la salud de sus administrados, con el objeto de promover la seguridad y la salud de los trabajadores, y de quienes deben velar por la seguridad de todos y todas. No entendemos de qué manera un policía local puede proteger a los ciudadanos si es incapaz de protegerse a sí mismo", señala.

El sindicato pide que en el borrador de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias se incluya el uso de armas largas por parte de los policías locales, pues no se debe "esperar a un ataque para tomar medidas".