Los exconcejales Norberto Plasencia y Manuel Parejo, actualmente en prisión por el caso Mamotreto, y el exgerente de Urbanismo, Víctor Reyes, condenado por el caso Las Teresitas, se sentarán a partir de hoy en el banquillo del Palacio de Justicia como acusados del denominado caso Siliuto. El origen de la causa es la compra del inmueble de ese nombre ubicado en la calle San Antonio del barrio de El Toscal para destinarlo a Casa de la Juventud. La adquisición se habría hecho por un valor superior a la tasación de los propios técnicos municipales.

El Ayuntamiento de Santa Cruz está considerado responsable civil subsidiario por un total de 280.281 euros. Cabe recordar que el fiscal del caso ha solicitado a los servicios jurídicos municipales la aclaración de si el consistorio es "perjudicado o beneficiario".

Los presuntos delitos que se le atribuyen a los procesados son prevaricación y malversación de fondos públicos por un supuesto sobreprecio de 290.500 euros sobre la tasación hecha por los técnicos de la propia Gerencia.

En el caso de Plasencia la Fiscalía solicita siete años de prisión y doce de inhabilitación absoluta, por el primer cargo y por el segundo, 3 y 6, respectivamente. Para Víctor Reyes las peticiones son de siete años de prisión y doce de inhabilitación por supuesta prevaricación en concurso con malversación. En cuanto a Manuel Parejo, la Fiscalía se abstiene de plantear acusación alguna.

Por su parte, la acción popular ejercida por la formación política Izquierda Unida (IU) sitúa las penas en el caso de Plasencia en 10 años de inhabilitación por prevaricación y de 8 de cárcel y 20 de inhabilitación por la malversación. A Parejo le solicitan 10 años de inhabilitación por el primer delito y 8 de cárcel y 20 de inhabilitación por el segundo. A Reyes le piden 10 de inhabilitación especial, por un lado y 8 de prisión y 20 de inhabilitación, por otro.

Durante la investigación, los acusados alegaron que la diferencia de precios entraba "dentro de lo razonable" y respondía a "la imposibilidad de establecer parámetros catastrales fiables". Aparte de "lapsus de memoria" o "la falta de reparos" en los informes.

Entre los testigos llamados a declarar están el exsecretario José Tomás Martín, condenado en el caso Las Teresitas; los vendedores de la casa, Francisco y Carmen Siliuto; el actual concejal, Dámaso Arteaga (llegó a estar imputado por este caso); el que fuera interventor de Urbanismo, José Luis Roca, y el exconcejal Guillermo Núñez.

En días posteriores lo harán el técnico del organismo autónomo Fermín García y los exconcejales y miembros de la Gerencia en aquel momento, Basilio Franco, Marta José Gutiérrez Pajarón, José Luis Martín o David Sáenz, que en su momento estuvieron imputados.

El procedimiento del caso Siliuto comenzó en 2011. La denuncia fue presentada entonces por los letrados José Pérez Ventura, Felipe Campos y Pedro Arcila. Estos dos últimos renunciaron luego a personarse.

La Casa Siliuto sigue hoy en estado de abandono tras la paralización de las obras para construir la Casa de la Juventud municipal.

"Modelo Teresitas"

Las Teresitas, el Mamotreto, La Ninfa, Siliuto... Son casos judiciales que imputan a la cúpula de la Gerencia Municipal de Urbanismo entre 2001 y 2005. Siliuto "se parece" a Las Teresitas en el modelo: se compra por una cantidad muy superior a la tasada por los propios técnicos municipales. Los de Urbanismo concluyeron que el inmueble -el Consejo Rector aprobó la operación el 3 de diciembre de 2002 y el contrato se firmó en febrero de 2003- valía 332.500 euros. Fue adquirido por 612.000 más otros 11.000 por los impuestos de la operación que no asumieron los vendedores como establece la legislación. Otra tasación, encargada por la Gerencia a la empresa Tinsa, la misma que la hizo con los terrenos del frente de Las Teresitas, estableció el pago en 706.000 euros, El informe pericial de la Fiscalía fijó un valor no superior a 475.000.