La historia reciente de un proceso, el de la playa de Las Teresitas y su desarrollo urbanístico, que se remonta a varias décadas, comenzó hace doce años. En el verano de 2005, la Fiscalía Anticorrupción aceptaba la denuncia presentada por el colectivo Ínsula Viable. Lo lideraban socialistas como el lagunero Santiago Pérez o un entonces joven concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, opuestos al apoyo de su grupo municipal en 2001 a la operación de compraventa del frente de playa de Las Teresitas. Martín, hoy portavoz del PSOE en la Casa de los Dragos, se mostraba ayer, tras conocer la sentencia, "satisfecho y triste" al mismo tiempo, aunque recordó un tiempo en el que "tanto mis compañeros en aquella acción para luchar contra la corrupción, como yo, nos sentimos perseguidos".

Martín basó su sentimiento de satisfacción en cuatro aspectos. Por un lado, "culminar un trabajo de años que comenzó tiempo antes de la denuncia a la Fiscalía y que ha terminado ahora. En aquel momento enfocamos directamente a algunos de quienes eran entonces intocables dirigentes políticos de Santa Cruz".

En segundo lugar, Martín valoró que "se pone punto final a una operación absolutamente oscura que llevaba fraguándose desde los años 70 del siglo pasado".

Martín valoró que "por fin podemos hablar con la necesaria mesura sobre Las Teresitas después de esta sentencia en la vía penal que se traduce directamente en la causa civil". Por último, para el concejal socialista "gracias al trabajo de personas independientes la ciudadanía podrá recuperar más de 80 millones de euros, intereses incluidos, producto del dinero que malpagaron los empresarios por la compraventa".

Pero Martín también se manifestó "triste por ver cómo el círculo dirigente de Santa Cruz vuelve a ser condenado con esta contundencia por una trama de corrupción. Repito que para mí es una imagen triste de quienes no supieron escuchar para hacer las cosas bien".

En septiembre del año pasado, Pérez, Martín y Justo Menéndez, otro de los miembros destacados de Ínsula Viable, iniciaron el paso de decenas de testigos por sede de la Audiencia Provincial en el juicio oral del caso Las Teresitas. Su denuncia era tan simple como complicada. Planteaban una trama de supuesta corrupción basada en que la compra de los terrenos, las once parcelas del frente de la playa, se realizó por parte de ILT (Inversiones Las Teresitas), empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, por 52 millones de euros a pesar de que la arquitecta municipal, Pía Oramas, los había valorado en menos de la mitad de ese precio.

Posteriormente, en mayo de 2007 el Tribunal Supremo declaró ilegal la compraventa. Pero eso ya es otra historia en la que Ínsula Visible apenas tuvo ya protagonismo. De hecho, prácticamente se había disuelto como colectivo. Evidentemente, ya no era necesario porque había cumplido la misión para la que se creó.