José Manuel Niederleytner García-Lliberós, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife desde final de 2015, aseguró ayer que la sentencia de Audiencia sobre Las Teresitas es contundente y rigurosa, porque concede las mismas penas que pedía el Ministerio Fiscal. Destaca que, en el caso de los empresarios, ha incrementado las penas respecto a lo solicitado por la acusación popular.
La decisión judicial acredita las calificaciones del Ministerio Fiscal y la Acusación Popular. "Cuando la sentencia recoge estos planteamientos es indudable que el trabajo de la fiscal ha sido minucioso y correcto y así ha sido acogido por la sentencia", añade.
Tratándose de una causa muy voluminosa y extensa, con muchas partes y abogados, la tramitación ha sido incluso rápida; el juicio concluyó en diciembre y la sentencia se ha dictado cuatro meses después, "entra dentro de lo razonable teniendo en cuenta la extensión de la causa", insiste.
Cuando se le pregunta cómo pueden sortear estas condenas los acusados, Niederleytner explica que les queda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "Ahora tienen que anunciarlo en el plazo de cinco días -sin contar sábados, domingos ni festivos- desde la última notificación. Se trata de un escrito de preparación en el que tienen que alegar la clase de recurso de casación: por infracción de ley, por quebrantamiento de forma o por vulnerar derechos fundamentales". Una vez se decida qué tipo de recurso quieren utilizar, la Audiencia les da otro plazo para formalizarlo.
¿La sentencia de ayer supone el ingreso inmediato en prisión? El decano afirma que podría darse el ingreso en prisión siempre que el Ministerio Fiscal solicitara una comparecencia que hay que realizar antes de acordar una medida de estas características y que la Audiencia lo acordara, pero "es infrecuente que con penas como las de este caso se adoptara. El ejemplo más reciente ha sido el del caso Urdangarin, y la Audiencia de Palma de Mallorca rechazó el ingreso en prisión de los principales acusados", destaca.
Sin dar detalles, recuerda que en 2009 asumió la defensa de Zerolo, aunque luego dejó de serlo. Reconoce que nunca esperó que fuera una sentencia tan contundente, sin haberla leído en detalle.
Al no ser muchos años de prisión los que ha dictado la Audiencia, explica, es más que probable que no se dictará ya el ingreso en prisión. "Mientras se tramita el recurso, la duración máxima de la prisión preventiva es hasta la mitad de la pena privativa de libertad impuesta", recuerda el letrado. "Dado el volumen de la causa -calcula el decano- se podría pensar que el recurso podría tardar a lo mejor más de un año en resolverse; entonces tal vez no sería aconsejable que se tomara la medida de prisión preventiva". Recuerda que si se confirman las penas, "habida cuenta la extensión de las mismas, tendrían que cumplirse". El hecho de que Parejo esté condenado en la causa del Mamotreto no cambiará el devenir de los acontecimientos por sumar una nueva condena, "no tiene ninguna relación". Advierte de que tener antecedentes sí podría tener alguna relación si la pena privativa de libertad hubiera sido inferior a dos años; pero al ser superior, no tiene relevancia.
Sobre la posibilidad de que el Supremo pudiera tumbar de arriba abajo la sentencia de la Audiencia Provincial, Niederleytner dice que el TS puede revisar la sentencia de arriba abajo y la puede tumbar, "lógicamente", también puede modificar las penas. "Tiene una gran capacidad de resolución a la vista del contenido de los recursos", explica.
¿Han tenido mala suerte los enjuiciados al coincidir el juicio con una ola anticorrupción? El decano del Colegio de Abogados de la provincia tinerfeña cree que esta situación social no ha afectado porque "los jueces, en el ejercicio de su misión, procuran ser muy objetivos y no dejarse influenciar por las corrientes del momento". "Todos somos humanos y no somos impasibles a lo que ocurra en nuestro alrededor, pero procuran ejercer su función jurisdiccional con total imparcialidad y objetividad, con independencia de lo que esté a su alrededor".
Dado el número de años de condena que ha impuesto la Audiencia a Zerolo y Parejo, cuando se le interpela a José Manuel Niederleytner si la sentencia coloca a al alcalde y a su concejal de Urbanismo como los cerebros del caso Las Teresitas, el letrado intuye que sí, evidentemente, a falta de leer con detalle la sentencia, reconoce. Recuerda que la sentencia considera que los técnicos de Urbanismo han sido condenados como cooperadores necesarios, o sea, "han contribuido con actos sin los cuales no se hubiera podido cometer el delito". Y luego están los "particulares" (caso de los empresarios), que son los que se han beneficiado del delito y que han tenido que participar para que se pudiera cometer, explica.
"En la gradación de las penas los jueces las establecen en base a la responsabilidad de cada partícipe en el delito. De tal forma, se suele poner una pena más grave a quien ha tenido una mayor relevancia en la ejecución de los hechos", precisa.
El decano del Colegio de Abogados tinerfeños recuerda que los políticos han sido condenados por un delito de malversación; "ellos no se han lucrado, sino que han utilizado mal el dinero público. No se dice que se hayan lucrado personalmente". Si como consecuencia de la malversación se ha creado un perjuicio a la administración pública, surge la necesidad de indemnización, que es lo que hace la sentencia, hace constar Niederleytner.
El abogado explica qué significa que la Audiencia haya rechazado el atenuante de dilaciones indebidas que pidió la defensa de Zerolo: es una circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal o penal por el hecho de que la tramitación de la causa, en la instrucción, se haya demorado en exceso; de haberse tomado en consideración se podría haber reducido "un poquito" la pena.
Respecto a las valoraciones, algunas categóricas, que hablan de delincuentes al frente de la gestión pública, el letrado advierte de que hasta que las condenas no sean firmes, o sea que salgan del Supremo, opera la presunción de inocencia.
Pérez Ventura: "Deben parar el Plan Especial"
José Pérez Ventura, letrado de la Acusación Popular en el caso Las Teresitas, cree que el ayuntamiento debe parar el Plan Especial de Las Teresitas porque la sentencia fija como hechos probados "cuestiones trascendentales", por lo que discrepa de la afirmación del alcalde José Manuel Bermúdez cuando aseguró que siempre ha defendido el interés general. "Dejar caducar el expediente de la recuperación del frente de la playa no es coherente con lo que ha dicho", explicó.
Pérez Ventura, que dijo que estudiarán si recurren la decisión judicial, dijo que la sentencia se corresponde con lo que pasó en el juicio. "Está a la altura del trabajo de la Policía Judicial y de la Fiscalía Anticorrupción, y de lo que la gente exige de la Justicia", añadió. El letrado elogió el trabajo de los funcionarios, destacando el testimonio de Pía Oramas, que consideró "fundamental", pues no se plegó pese a las presiones fortísimas que recibió, dijo. Coincide con el decano de los abogados al definir la sentencia como contundente.
algunas claves
¿Irán ya a la cárcel? El letrado considera "infrecuente" que con estas penas se dicte la prisión preventiva.
Cabecillas de la trama La sentencia sitúa a Zerolo y a Parejo como cerebros del caso Las Teresitas.
Aún no es firme El Supremo admitirá los recursos y tardará al menos un año para resolver.
Inocencia Hasta que sean firmes las condenas, opera la presunción de inocencia.