El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno canario no albergan la más mínima duda de que el lugar idóneo para construir el futuro Campus de la Justicia de la provincia es una parcela situada en El Sobradillo, concretamente junto a la avenida de Las Hespérides. Políticos y técnicos consideran que dicho terreno reúne todos los factores favorables posibles, mientras que las tres fincas urbanas de la zona de Cabo-Llanos que optaban a acoger dicho complejo únicamente concentran obstáculos para edificar un único complejo judicial integral.
La elección del suelo fue presentada ayer por el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, y el consejero de Justicia del Gobierno regional, José Miguel Barragán. Para ambas administraciones, a favor de la sede en El Sobradillo juegan la superficie (22.729 metros cuadrados) para albergar todos los órganos judiciales, la "máxima conectividad" (está cerca del Muñeco de Nieve y de la vía TF-2, enlace de las autopistas del Norte y del Sur), así como que no provocaría problemas de tipo urbanístico o de conflictos judiciales en el futuro.
Todo lo contrario ocurre con las parcelas "A", "B" y "C", entre las calles Álvaro Rodríguez López y Adán Martín, según técnicos y políticos del consistorio y de la administración autonómica. En el informe dado a conocer, esas fincas tienen escasa superficie (una tiene 3.783 metros cuadrados y las otras dos suman 14.125) y obstáculos a nivel urbanístico. Recuerdan que la parcela "B" se corresponde con una plaza pública y un parquin subterráneo en el Plan General de Ordenación, mientras que en la "C" existe la previsión de hacer un centro educativo. Es decir, que se requiere una modificación de la planificación urbana en ese ámbito para poder edificar el "campus" de la Justicia. Por último, aunque no menos importante, cabe mencionar que el Ayuntamiento y DISA firmaron un convenio que da derecho a dicha compañía a hacer un nuevo edificio que afectaría a la plaza pública ya citada.
Sobre la oposición mostrada por jueces, fiscales o abogados a la nueva ubicación, Barragán y Bermúdez aseguran que con la elección de El Sobradillo se intenta beneficiar a los ciudadanos que acudan a las sedes judiciales y afrontar un proyecto que resuelva las necesidades presentes y futuras, a 60 o 70 años vista. Es decir, que las opiniones críticas quedan en un segundo plano y que el consenso absoluto resulta imposible si se quiere resolver el problema con inmediatez. Barragán ha ordenado a su equipo que haga gestiones para que este año se convoque un concurso de ideas para el proyecto. Bermúdez dijo que "no hay una parcela igual desde Ofra hacia abajo". Reconoció que edificar en las parcelas "B" y "C" podría generar pleitos judiciales con DISA, que, en el mejor de los casos, retrasarían la construcción y, en el peor, la harían inviable. Defendió que el proyecto servirá de impulso socioeconómico para El Sobradillo. Y, además, el Gobierno ahorrará 1.225.445 euros en alquileres de sedes judiciales.
Los abogados rechazan la sede en el Suroeste
El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife manifiesta su rechazo a ubicar la futura Ciudad de la Justicia en El Sobradillo y, en una reunión urgente convocada por la Junta de Gobierno, los letrados se opusieron por unanimidad a la pretensión del Gobierno canario. Las principales razones esgrimidas en contra de esta propuesta es la absoluta desconexión, no solo judicial, sino económica, administrativa y social que provocaría sacar la administración de Justicia del centro neurálgico de la capital. También alegaron la deficiente conectividad de la zona con el resto de la isla en lo que a transporte público se refiere, lo que afectaría a los usuarios de las instalaciones. Ahora los ciudadanos disponen en Cabo-Llanos de conexiones a través del intercambiador, al que llegan el tranvía y las guaguas y hay aparcamiento público. Los abogados lamentan que, transcurridos más de 10 años desde que se presentó este proyecto, que igualmente fue rechazado por los abogados tinerfeños y por el resto de operadores jurídicos, la Administración no haya buscado soluciones alternativas. Y critican la premura con la que se ha llevado a cabo este proceso en una decisión "absolutamente trascendental", donde, agregan, se echa en falta un debate mucho más pausado y concienzudo por parte de todos los profesionales implicados.
Otra vez a la casilla de salida con el proyecto
Maribel Correa, autora del proyecto de Palacio de Justicia de Cabo Llanos, manifestó su decepción ante las noticias que apuntan a que el edificio será trasladado a El Sobradillo. Así, la posibilidad de ejecutar el inmueble que ganó el concurso de ideas vuelve a la casilla cero y tendrá que ser retomada desde un principio; nueva convocatoria incluida. La situación resulta doblemente irónica al darse el caso de que Correa es autora de un proyecto para ejecutar la sede de la Consejería de Educación en la misma parcela en la que ahora se prevé edificar el Campus de la Justicia. Pero, además, en el primer caso se recorrió el camino inverso; finalmente la Consejería se trasladó a Tres de Mayo y también se desechó su diseño inicial. La alternativa de aprovechar el proyecto para la Ciudad de la Justicia es inviable. "Cada proyecto responde a una parcela concreta y ésta tiene su propia normativa", afirmó.