Jorge García Prieto, abogado en el caso de Las Teresitas del exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Emilio Fresco, consideró hoy inexplicable que su defendido siga en el banquillo y lamentó que una eventual sentencia absolutoria no le devolverá del todo su honorabilidad a ojos de la sociedad, tras diez años imputado.

"Ya ha sido condenado por la opinión pública, va a estar siempre bajo sospecha", dijo García Prieto en su alegato final en el juicio oral, para alertar así al tribunal de que "la pena de banquillo", aunque finalmente haya absolución, se traduce en la merma de las expectativas vitales de las personas y en la "permanente brutalidad social".

García Prieto reiteró su incredulidad ante las acusaciones de la fiscalía y de la acusación popular, que piden cuatro y ocho años de cárcel contra Emilio Fresco por malversación y prevaricación en la compra de los terrenos de la playa.

Fresco votó a favor de la compraventa de los terrenos de la playa en el pleno de julio de 2001 a partir de los informes favorables realizados entre otros por el exinterventor municipal Antonio Messia y el exsecretario general José Eugenio Zárate, dijo el letrado.

Estos dos funcionarios han sido ya absueltos al levantarse las acusaciones contra ellos durante el juicio, por entender la fiscalía y la acusación popular que les fueron ocultados los informes internos que valoraban el precio en una tercera parte del pagado.

"Se está premiando al engañado" al retirárseles las acusaciones a esos dos funcionarios, pero "se castiga al doblemente engañado", el político de la oposición que actuó a partir de los informes de los exculpados, se quejó García Prieto, y denunció "una doble vara de medir" por parte de las acusaciones.

Relató que Fresco tuvo 24 horas para examinar antes del pleno municipal el expediente en el que se votó la compraventa, muy complejo, en el que constaban todos los informes favorables.

Además en la comisión informativa previa a la sesión plenaria preguntó expresamente al interventor y al secretario si estaba todo en orden, cosa que corroboraron.

"¿Haría esas preguntas alguien conocedor de una trama delictiva justo antes de acordarse el acuerdo delictivo?", preguntó Jorge García Prieto.

Para el letrado, no puede haber ningún reproche a la conducta de Emilio Fresco, quien estaba en la oposición, no tenía dedicación exclusiva, solo asistía a plenos y comisiones informativas, no había participado en negociaciones sobre Las Teresitas y no conocía la existencia de valoraciones alternativas a las del expediente.

Además, el voto del grupo municipal socialista, irrelevante a la hora de formar mayoría, fue decidido por la ejecutiva y por la asamblea local del partido, abundó García Prieto, quien insistió en que mantener la acusación contra Emilio Fresco es una "incoherencia" de la fiscalía que le supone "un gravísimo perjuicio".

No puede ser que se le demande más diligencia para haber detectado "que le estaban colando un expediente" a un concejal de la oposición sin formación jurídica que a los dos principales funcionarios municipales cuya función es controlar ese tipo de cosas, subrayó.

En la sesión de hoy también expuso su informe final Ladislao Díaz, defensor del ex secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, para quien pidió la libre absolución frente a la petición de la fiscalía de cuatro años de prisión.

También mostró su sorpresa por el mantenimiento de la acusación cuando la fiscalía cuando se la ha retirado a su superior, el exsecretario general José Eugenio Zárate, que era quien conocía mejor "las vicisitudes" de Las Teresitas.

Defendió la legalidad de los informes firmados por Reyes durante la tramitación del expediente, que fueron encargados por el concejal de urbanismo y por el interventor general, y señaló que su función no era decidir nada, sino actuar como fedatario y delegado en la Gerencia de Urbanismo del secretario general del Ayuntamiento.

Su participación, explicó su abogado, se limitó a la realización de un informe sobre la posibilidad de expropiación de los terrenos y otro valorativo sobre las distintas tasaciones externas, este último porque el jefe del área económica del Ayuntamiento pidió su colaboración.

Además, participó en la redacción del convenio de compraventa junto al jefe de planeamiento municipal, Epifanio Gómez, y el arquitecto Fernando Senante, ninguno de ellos imputado.

Ladislao Díaz dijo que el informe encargado a la arquitecta municipal Pía Oramas tenía por objeto que el concejal pudiera formarse una opinión sobre el valor de los terrenos para negociar el precio, pero no era una tasación pericial y por eso no tenía que figurar en el expediente de compraventa.