Por unos momentos, el juez que instruye el caso Las Teresitas, Joaquín Astor Landete, dejó a un lado su frío papel como conductor de la vista oral y realizó varias preguntas al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, acusado en esta trama.

Las cuestiones por las que se interesó el juez tenían el mismo contenido: "¿Cómo era posible que el ayuntamiento hubiese descartado las tasaciones más favorables para el interés general?". El magistrado se refería a las elaboradas por la arquitecta municipal, Pía Oramas; la Universidad Carlos III, Pool Gest o el anexo B de la de la Sociedad de Tasaciones, que valoraban los terrenos del frente de la playa en unos 3.000 millones de pesetas, frente a los más de 8.000 millones pagados.

Parejo declaró por segundo día consecutivo, ya que en la jornada anterior había quedado pendiente que respondiera a su propio abogado. Intentó explicar que habían descartado estas tasaciones porque "no había una posición unitaria" y tenían que ser "firmes ante los empresarios". En otra ocasión dijo que la valoración de Oramas "no era concluyente" y por ello no se incluyó en el expediente.

En líneas generales, su abogado intentó demostrar que su labor en este asunto fue meramente política, que no tiene conocimientos de Urbanismo o que los propietarios de los terrenos mantenían una posición de fuerza "clarísima" y amenazaban con comenzar a construir en contra de lo que pedía el pueblo de Santa Cruz.

Parejo dijo que había recibido un encargo directo del exalcalde, Miguel Zerolo, para evitar que se edificara en la playa y a partir de aquí se adopta un acuerdo plenario a principios de 2001, en el que Las Teresitas se divide en dos ámbitos: uno público que se corresponde al frente y otro privado que estaría situado en la parte trasera.

A continuación comenzaron las negociaciones para ver cómo se concretaba ese acuerdo. En principio se desechó la expropiación, compensar a los propietarios con parcelas en otros enclaves o trasvasar la totalidad de los aprovechamientos a Las Huertas. Por lo tanto, la única opción viable fue la compra y, además, abonar el precio que impusieron los empresarios: 8.000 millones de pesetas.

Dijo Parejo que nunca se dudó de la titularidad de las parcelas, que no hubo reuniones secretas y que los informes elaborados por su secretario, Víctor Reyes, y el gerente, José Tomás Martín, ambos acusados, eran "muy consistentes, fundamentados y concluyentes" y además gozaban de la máxima "confianza, credibilidad y profesionalidad". Y así lo creía tanto en aquel entonces como ahora. También añadió que jamás hizo ningún encargo directo a la arquitecta municipal y descartó que esta hubiese recibido cualquier tipo de presión.

Finalmente, se decidió encargar más tasaciones externas que, curiosamente, fueron mejor aceptadas cuanto más elevado era el importe. Fue la propia arquitecta (Pía Oramas) la que eligió a las empresas tasadoras, la que hizo de interlocutora y dio las instrucciones, según el exconcejal.

Por último, la tasación de Oramas fue sustituida por un dictamen hecho por el secretario de Urbanismo y el jefe de los Servicios Económicos. Pero el intento no prosperó y años después el Tribunal Supremo anularía la compraventa por no haberse incluido el informe de la arquitecta.

Hubo varios pagos aplazados a los propietarios. Uno fue inmediato, en el mismo año 2001, y luego se retuvo el 35% para hacer frente a una serie de obligaciones. Entre ellas, supuesta y "probablemente", la deuda de 11 millones de pesetas por las que la Junta recobraba la titularidad de 63.700 metros cuadrados que dejó en manos municipales.

García Gómez, un precio "razonable"

El exportavoz socialista, Emilio Fresco, relató que el exalcalde, Miguel Zerolo, lo llamó para explicarle que la postura de los empresarios y del asesor de la Junta, Mauricio Hayek, pasaba por vender la playa al precio ya fijado. Justificó el voto a favor porque la lucha para evitar las construcciones en la playa siempre había sido una bandera del PSOE y por lo tanto "ahora no nos podíamos quedar fuera si todo era legal".

Este último extremo lo ratificó cuando tuvo acceso a los informes de los funcionarios en los que se certificaba la legalidad de la operación. El único pero que pusieron los socialistas fue el precio, que siempre les pareció "astronómico", pero acto seguido ratificó su desconocimiento en cuestiones urbanísticas. Tampoco sabía del comunicado del consejero socialista en el Cabildo, José Vicente González Bethencourt, y del Colegio de Arquitectos, oponiéndose a la cantidad que se iba a desembolsar.

Fresco añadió que si llega a saber que existían tasaciones que eran favorables a los intereses municipales hubiese actuado en consecuencia, y calificó su decisión de presentarse a las elecciones como cabeza de lista en Santa Cruz como "el peor error de mi vida". "La prueba es que estoy sentado aquí". Pero, sobre todo, justificó el voto a favor porque así lo decidió una asamblea convocada en la que participaron alrededor de doscientos afiliados.

Mientras, el exportavoz del PP, José Emilio García Gómez, declaró que consideró "razonable" la cantidad que se pagó por la playa si se comparaba con los precios en otros puntos del municipio, aunque dijo que en aquel entonces era partidario de que las negociaciones fueran más firmes. Su grupo votó de forma unánime en el pleno, pero la exconcejal Maribel Oñate no estuvo presente porque la dirección insular del PP había ordenado que no apoyaran la operación.

Consideró que la compraventa tenía todos los parabienes legales, en cuanto que los informes preceptivos así lo indicaban.