La sesión de ayer de la vista oral de Las Teresitas en la que intervinieron los peritos fue apabullante para defensas y acusación. A la ya conocida denuncia de la exarquitecta municipal Pía Oramas, se unió otra voz, la del apoderado de la Sociedad de Tasaciones, José Luis Estevas, quien indicó que en su vida profesional nunca había sufrido presiones de tal índole.
A la tasación oficial que hasta ahora se conocía y fijaba el valor de los terrenos en 46,8 millones de euros se unió ayer un anexo oculto que, como Oramas, fijaba el valor real en 18,5 millones. En la versión oficial no se tenían en cuenta las cargas en cuanto al deslinde, la moratoria, los estándares turísticos o la definición del planeamiento. Aplicar una u otra metodología equivale a 28,3 millones de diferencia.
Estevas calificó de "flagrante" el interés que mostró el ayuntamiento en que saliera reflejado el precio más elevado. Aseguró no albergar dudas de que este anexo se le hizo llegar también al cliente: el ayuntamiento, aunque no supo precisar a qué persona o cargo en concreto y mostró su estupor por que no hubiese sido incorporado al sumario. Pese a las protestas de los abogados de la defensa el nuevo documento fue añadido.
Oramas recordó que los trabajos para fijar el precio de toda la parcela se iniciaron en 1997 cuando se planteó una primera posibilidad de recurrir a la expropiación. Entonces fijó en 33 millones el valor, precio que desembolsó la empresa de González y Plasencia en 1998. Su siguiente intervención fue en 2001, cuando el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, requiere sus servicios para llevar a cabo una nueva tasación solo de las once parcelas del frente de la playa. Accede a un estudio de la Universidad Carlos III que fijaba el valor en unos 19 millones, cifra que incluyó en su valoración, en medio de grandes presiones por parte del exconcejal, al que calificó de "irascible", para que lo culminaran lo antes posible.
Oramas indica que al principio a la cúpula de Urbanismo le pareció bien un precio a la baja para compensar el defendido por los vendedores que sumaba unos 60 millones. Pero percibió cómo "todo cambió de dirección". A partir de entonces el interés iba más bien en la línea de intentar alcanzar la tasación más elevada. Se habla con la Sociedad de Tasaciones y con Tinsa, que estableció el precio en 60 millones.
Hubo una reunión con técnicos de esta empresa en la que estuvieron presentes la cúpula de la Gerencia, los empresarios, el expresidente de CajaCanarias Rodolfo Núñez y el asesor jurídico de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek. Según Oramas este último se mostró muy nervioso y quería cerrar la compra lo antes posible.
Los empresarios también estaban apurados dado que culminaba el período de carencia del crédito de 33 millones solicitado. En la Gerencia se vivió un ambiente de tensión y se les prohibió a los funcionarios emitir opiniones o informar sobre el contenido de las reuniones, bajo amenaza de abrirles un expediente sancionador. Como ocurrió con ella por una reunión que tuvo lugar en el Cabildo.
Encuentro clave
En un encuentro celebrado en Urbanismo con Parejo, José Tomás Martín, Epifanio Gómez, José Luis Roca, Víctor Reyes y Fernando Senante, instan a Oramas a firmar la valoración de Tinsa sin siquiera poder examinarla, a lo que se niega. El 13 de julio de 2001 Reyes la llama desde Alcaldía dado que tanto José Eugenio de Zárate como Antonio Messía insistían en que el precio tenía que fijarse a través de un informe pericial elaborado por el técnico competente. En 2007 el TS anularía la compraventa por no cumplirse este requisito. Reyes le advierte de que si alguien pregunta por su valoración, se limite a señalar que era responsable de un trabajo interno preparatorio y con meros efectos administrativos. Por si acaso, comunicó a sus compañeros dónde podían encontrar el documento. La exarquitecta municipal vino a ratificar que también había comprobado que 63.700 metros cuadrados que luego adquirió el ayuntamiento eran ya de propiedad municipal. De esta manera lo informó al exgerente y no duda de que este se lo comunicó a Parejo.
Otros testigos
El ingeniero José María de Coca Ruiz aseguró como testigo no tener duda alguna de que el proyecto de urbanización recibió la aprobación definitiva y así apareció publicado en el BOC. El profesor de arquitectura de la Universidad de Barcelona, Jorge Duatis, defendió que los terrenos no estaban afectados por el deslinde, ni por la moratoria, ni por los estándares turísticos. Por tanto su valor era de 58,9 millones. Anadón avanzó en igual sentido, aunque en su día fijó 71 millones. Los técnicos de Tinsa indicaron que la única variable que habían tenido siempre en cuenta fue los aprovechamientos y por lo tanto quitaron importancia a las diferencias de superficies que existían entre el catastro y el Registro de la Propiedad.