Los servicios jurídicos procedían ayer a corregir el error en que incurrieron en las notificaciones entregadas anteayer a un grupo de vecinos de Bajo la Cuesta. En ellas, reflejaron que el día límite para desalojar voluntariamente sus casas es el 29 de octubre, cuando otros afectados tenían notificaciones con la fecha del 27 del mismo mes, que es la que finalmente está señalada para la ejecución forzosa del desalojo del lugar. Pero no se marcharán "sin que haya garantías para el retorno a nuestras casas".

La alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, aseguró ayer al Pleno que no puede poner fecha a la vuelta de los habitantes de Bajo la Cuesta a sus casas porque no hay fecha de inicio de los trabajos para estabilizar el talud, pero garantizó ese retorno. Solicitó públicamente la colaboración ciudadana para determinar previamente quienes y cuántos precisan un alojamiento alternativo, anunció que el gobierno local "está articulando ahora mismo" las medidas de vigilancia y control de la seguridad en las viviendas en el periodo que duren las obras y señaló que el comienzo de estas precisa de una autorización supramunicipal.

La situación de Bajo la Cuesta fue trasladada al pleno por el concejal de Vecinos por Candelaria, (VxC), José Fernando Gómez, interesado (infructuosamente) por conocer si existe un informe del secretario sobre la responsabilidad del grupo de gobierno por la omisión de su deber de intervenir en este poblado ante la situación de peligrosidad que se argumenta para su desalojo.

Este expediente, de 13 tomos, fue estudiado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife para autorizar la entrada forzosa en los domicilios, a solicitud de la Alcaldía. Emitido el pasado día 14, fue recibido en el Ayuntamiento el día 21.

Mayca Coello (Sí se Puede) incidió en la necesidad de que el decreto de desalojo "establezca claramente la provisionalidad del mismo y que garantice el retorno a las casas". Este pronunciamiento está en consonancia con la demanda de los afectados.

El concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, rogó a sus compañeros que "no seamos frívolos" en un asunto que "es una tragedia" y en el que la actuación municipal realizada "es una obligación de la alcaldesa". En medio de su reflexión, el edil deslizó que "no hay nada previsto para hacer en Bajo la Cuesta". Los papeles indican otra cosa, apuntan desde el colectivo vecinal en alusión al puerto deportivo contemplado en el PIOT.

"Estamos velando por la seguridad de los vecinos. Los informes dicen que hay peligro", recordó María Concepción Brito, quien también afirmó que "ya hay decretada la orden de ejecución de la reparación del talud a sus propietarios". En cualquier caso, hay conciencia de que Bajo la Cuesta vivirá momentos delicados.

No habrá investigación por la gasolinera

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sentenció la ilegalidad de la gasolinera de Disa en Las Caletillas, el gobierno municipal de Candelaria (PSOE-CC) rechazó crear la comisión de investigación solicitada por VxC sobre la concesión de licencias para su construcción e instalación. Los argumentos para ello son que "no hay nada que esconder ni que temer" en este expediente, que incluye la concesión de la licencia preceptiva y la subsanación de la alineación y rasante, una vez que le fue abierto expediente sancionador por un importe inicial de 6.000 euros finalmente rebajados a 600.

Así respondió Fernando Alduán, concejal de Urbanismo, al proponente, José Fernando Gómez, quien reclamó (sin éxito) la revisión de oficio de dicha licencia por entender que incumplir uno de los parámetros que condicionaba su concesión anula tal otorgamiento.

Esta obra, cuya licencia fue solicitada el 19 de julio de 2012 (se tramitó en cinco meses) y su entrada en funcionamiento se produjo en agosto de 2013, fue objeto de cuatro denuncias y hubiera requerido la modificación del Plan General si se hubiera hecho como estaba proyectado. El suelo sobre el que se encuentra perteneció a la familia del exalcalde José Gumersindo García, hecho reiterado durante la sesión plenaria.

El dinero cambia de uso

Juan Miguel Olivera (PP) preguntó por el uso de unos 270.000 euros del epígrafe Comunicación del contrato con Urbaser en la compra de contenedores y la realización de campañas por empresas municipales a partir de 2012. La explicación del gobierno local fue admitir que la empresa no hizo ninguna campaña de concienciación desde que asumió el servicio de recogida de basura y que pidió emplearlo en la compra de contenedores.

Zona de carga y descarga

Unas 90 firmas pedían rechazar el traslado de la zona de carga y descarga de Mercadona a la calle Alcalde Andrés Tejera, cuya autorización está tramitándose. El concejal de Urbanismo anunció que "no hay ni un motivo que permita denegarla". La oposición reclamó no solo resoluciones urbanísticas, sino un informe de Tráfico por las condiciones de la vía afectada, sobre la que Mercadona elaborará uno de estabilidad. Uno de los vecinos afectados que intervino en la sesión, Miguel Ángel González (socialista y primer alcalde de la democracia), lo dejó claro: "Esto no es el PSOE. Tomen nota y cambien de partido". El gobierno había rechazado la petición del PP de parar este cambio.