Los terrenos ganados al mar en el fondo de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, nunca fueron propiedad del Ayuntamiento, ha declarado hoy técnicos de la Demarcación de Costas en el juicio que se sigue por el presunto pelotazo en la compra de suelo en esa zona.

El primero en declarar hoy como testigo en el conocido como "caso de Las Teresitas" ha sido Juan Antonio Troya, quien era en 2006 jefe de dominio público de la Demarcación de Costas, quien ha manifestado por videoconferencia a preguntas de la fiscal que este organismo y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo sobre esos terrenos.

El suelo pasarían a ser municipales como concesión hasta 2018 siempre que se cumplieran determinados requisitos, y Juan Antonio Troya ha indicado que no tiene constancia de que la corporación municipal comprase los terrenos en algún momento.

A continuación ha comparecido Josefina Martín, jefe del servicio administrativo de Costas en aquellas fechas, que ha señalado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "nunca" adquirió los terrenos ganados al mar.

A preguntas del abogado que ejerce la acusación particular ésta testigo ha dicho que la Junta de Compensación no podría adquirir esos terrenos.

José Ramón Martínez, que era responsable de gestión integral de dominio público de la Demarcación de Costas, ha hablado sobre las diversas propuestas de deslindes, y también ha prestado declaración como testigo Ignacio González-Palenzuela, que en 2001 realizó un informe sobre la plusvalía de los terrenos.

Ignacio González-Palenzuela ha explicado que recibió una petición telefónica para que dijese si la empresa Inversiones Las Teresitas estaba exenta de pagar la plusvalía de los terrenos vendidos por 53 millones de euros al Ayuntamiento.

Ha comentado que la petición se le hizo de parte del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo (CC), y ha reconocido que esa ha sido la única vez en la que le han hecho una demanda de ese tipo de forma directa, pues siempre se hace por escrito.

Ignacio González-Palenzuela emitió el informe en el día para afirmar que Inversiones Las Teresitas tenía que pagar unos 14 millones de pesetas de plusvalía, aunque hoy ha reconocido que cometió un error y el importe era un 40 por ciento superior.

También ha señalado que Inversiones Las Teresitas impugnó su informe por un error en la liquidación, por lo que supone que la empresa recibió información acerca de su trabajo.

El quinto testigo en prestar declaración hoy ha sido Antonio Bello (CC), concejal durante más de 30 años en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y que hoy no recordaba nada, excepto que fue uno de los fundadores de ATI y que hubo una gran manifestación de personas ante la corporación para exigir que no se construyera en el frente de la playa.

También ha testificado el entonces concejal de Hacienda y portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, quien ha explicado a la fiscal, María Farnés, que para pagar a Inversiones Las Teresitas los 53 millones de euros por los terrenos la corporación sacó una parte, el 65 por ciento del total, del remanente líquido de tesorería (ahorro), mientras que el resto procedía de un crédito bancario.

El dinero del remanente de tesorería destinado al pago era en torno a la mitad del total ahorrado, y hoy ha reconocido que no recuerda las condiciones del crédito y que votó a favor de la compra porque consideraba de interés general para evitar que se construyese en el frente de la playa.

El juez ha preguntado a este testigo por qué el área de Hacienda ingresó un cheque a Urbanismo por importe de 5.687 millones de pesetas para que pagase a Inversiones Las Teresitas, en lugar de hacer una transferencia, a lo cual Díez-Estébanez ha respondido que supone que la Gerencia de Urbanismo consideró que así se agilizaban los trámites.

Y Basilio Franco, concejal de Medioambiente y Seguridad en aquellas fechas, ha asegurado que no tenía ni idea de las tasaciones y que nunca se cuestionó si era elevado el precio de los terrenos, porque lo importante, para él, era que no se construyese en el frente de la playa.

En este juicio están acusados el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (CC), y los entonces portavoces municipales del PSOE, Emilio Fresco, y del PP, José Emilio García Gómez, además de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, responsables éstos de Ignacio González y Antonio Plasencia.