La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ratificó este viernes una instrucción del alcalde, José Manuel Bermúdez, de fecha 20 de junio de 2016, por la que se ordena al área de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio de la Corporación que "con carácter urgente, disponga los trámites administrativos y técnicos necesarios para aprobar el proyecto de demolición total del edificio de aparcamientos ubicados en el frente de playa de Las Teresitas e iniciar el procedimiento de licitación y adjudicación del mismo, culminando la ejecución de dicha obra".

El acuerdo se adoptó este viernes en el transcurso de una reunión de carácter extraordinario, en la que se analizó el auto judicial llegado al Ayuntamiento esta misma semana, concretamente el pasado lunes. Se da la circunstancia de que ese mismo día, una vez conocida la resolución judicial, el alcalde dictó la instrucción hoy ratificada.

Desde finales del pasado año, en el mes de diciembre, el alcalde de la ciudad ordenó el encargo de la redacción del proyecto de derribo del edificio, tarea que ha llevado a cabo la empresa pública Gestión Urbanística de Tenerife (Gestur) y que ya ha concluido, por lo que el Consistorio ya puede licitar la ejecución de los trabajos.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno acordó también la presentación de un recurso de apelación contra el auto, ante la negativa del juzgado a admitir la petición de personación planteada por el Ayuntamiento.

El Consistorio, lejos de ocultar la existencia del auto judicial que, como es preceptivo, se comunica a las partes, tanto a los acusadores como a los demandados (la Corporación municipal no es parte en el procedimiento) se ha limitado a estudiar los términos del mismo para decidir su posición, un proceso que ha durado apenas cuatro días, a pesar de la complejidad jurídica del expediente, informa en una nota.

En consecuencia, se muestra sorprendido por la "sesgada interpretación" que ha realizado el Grupo Socialista sobre un asunto que requiere una actuación municipal con las máximas garantías jurídicas y administrativas.