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La justicia invalida la primera sanción de 450.000 euros a Sacyr

El concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz desveló ayer la caducidad de la multa, aunque adelantó que "ya hay otro expediente por igual motivo y no se ha perdido el dinero".
José D. Méndez, S/C de Tenerife
10/jun/16 6:08 AM
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La justicia invalida la primera sanción de 450.000 euros a Sacyr

"Emmasa va bien", Dámaso Arteaga dixit. No lo afirmó así el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, pero se tradujo de su intervención inicial ante la pregunta del socialista Florentino Guzmán Plasencia -en la comisión de control de ayer- sobre la situación de la empresa.

Arteaga pidió aclaraciones y Guzmán le lanzó hasta cinco dudas generadas tras el proceso de intervención y la posterior comisión de seguimiento creada. Pedro Arcila (Sí se Puede) reseñó otras tantas y hasta Enrique Rosales (Ciudadanos) se sumó. Ahí Dámaso anunció que la justicia había tumbado "por caducidad del procedimiento" la primera multa de 450.000 euros impuesta a Sacyr por las subcontrataciones irregulares.

El nacionalista aclaró que "no se ha perdido el dinero y ya se ha abierto un nuevo expediente por el mismo motivo, una infracción tipificada como muy grave".

Una sentencia, fechada el pasado 20 de mayo, del Juzgado nº 3 de lo Contencioso estimó el recurso presentado por la empresa al declarar "la caducidad del procedimiento sancionador incoado por el ayuntamiento el 3 de diciembre de 2012 por posible incumplimiento de obligaciones contractuales". Arteaga manifestó que "solo supondrá un retraso".

También protagonizó el edil del gobierno otra parte de la comisión, la referida al servicio de limpieza de Urbaser, cuestionado por la oposición. Valoró la implicación de los trabajadores que desde el otro lado no cuestionaron, "sino a la empresa". Arteaga criticó "la media verdad, la peor mentira" y "falta de rigor al aportar datos".

Él dio algunas cifras. Como las dos multas de 30.000 euros cada una desde la firma del contrato en 2006 o la devolución íntegra de los 2,7 millones de la nave que nunca se construyó y estaba en el pliego. Evaluó una media de 4.100 incidencias anuales, 11 diarias, "no incumplimientos". Por último, garantizó el control y la fiscalización y apeló a datos de la OCU sobre "sensaciones de limpieza". No convenció a la oposición.

Atención a domicilio

La ayuda a domicilio, que presta Eulen, abrió el debate. "Hay trabajadoras que cobran menos de lo que establece el convenio", señaló la oposición, y "no se ejerce un control adecuado como pasa con otras empresas externalizadas". El concejal de Asuntos Sociales, Óscar García, valoró que "cada cuatrimestre la empresa debe justificar que está al corriente con la Seguridad Social, y antes del pago mensual, se comprueba". En abril había 1.156 usuarios, con más de 250 incorporados respecto a 2015, cuando apenas eran 900. García garantizó control y coordinación, pero se comprometió a interesarse por el problema laboral.

San Rafael y San Roque

Yolanda Moliné, responsable de Patrimonio Histórico, defendió "la rehabilitación integral del cementerio de San Rafael y San Roque" donde hoy hay obras en la capilla anglicana. Arcila criticó que hablara de nuevo proyecto "cuando ya existe" y Moliné aludió a "modificar". Tino Guzmán resumió así: "Si se quiere y se tiene voluntad se puede". Hubo coincidencia en la apertura y la concejala apeló a la falta de seguridad. Reiteró el compromiso del grupo de gobierno de afrontar en el mandato la reforma del proyecto y las obras.

La sede de la AV El Til

Frías calificó de "demasiado tiempo" el año que lleva la nueva directiva de la AV El Til de Casas de la Cumbre (Anaga) sin poder acceder al local social por el viejo contencioso sobre la titularidad. Martínez apeló al consenso y a cumplir la ley. Apuntó a que "se demostrará que el inmueble es municipal".

El PGO, al pleno de julio

El expediente junto con la documentación técnica del PGO será elevado al pleno de julio. Había sido retirado en abril a instancias de la Secretaría General. Respecto a los quioscos de Las Teresitas, Urbanismo informó ayer de que hay abiertos nueve expedientes de disciplina urbanística. Y Hacienda confirma que solo uno está dado de alta en el padrón de la tasa por aprovechamiento del dominio público.