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El TSJC avala que la Refinería pleitee por una gasolinera en Santa Cruz

En su día, Cepsa llegó a pedir 31 millones de euros como indemnización al Ayuntamiento capitalino por la prohibición de instalar una estación de servicios junto al Recinto Ferial.
El Día, S/C de Tenerife
4/mar/16 6:07 AM
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/JA

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a la Refinería de Cepsa en su recurso contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por la prohibición de ubicar una gasolinera en el entorno del Recinto Ferial, al final de la avenida Marítima, contencioso que se remonta a varias décadas. Todo el procedimiento vuelve a situarse casi al principio. Cepsa llegó a pedir algo más de 31 millones de euros en concepto de indemnizaciones, mientras el consistorio cuantifica el perjuicio propio en 1,4 millones y el de la industria en solo medio millón.

Esta cantidad millonaria es una de las de mayor cuantía a la que tendría que hacer frente la Corporación local. Cepsa planteó ante los tribunales esta compensación al ver cómo la Gerencia de Urbanismo incumplía el convenio que le permitía ubicar un surtidor frente al Parque Marítimo.

El origen del conflicto se sitúa a finales de la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando la Refinería cedió el suelo donde actualmente se ubica Cabo-Llanos, a cambio de ciertas compensaciones como esta.

Ha sido precisamente el propio Ayuntamiento de Santa Cruz el que ha decidido que la imposibilidad de ejecutar este acuerdo no supone un perjuicio para la industria. Ya lo ha descartado en dos ocasiones y en otras tantas el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dado por cumplida la sentencia, sin indemnización, dando así la razón al consistorio capitalino.

Sin embargo, Cepsa volvió a plantear en los tribunales que no puede ser una de las partes la que tenga la última palabra sobre la resolución de un contencioso de esta envergadura. Y el TSJC le da la razón y de nuevo exige que Urbanismo valore los terrenos según las reglas que estaban en vigor en el momento de la cesión y las contraprestaciones del ayuntamiento. A continuación sería el titular del Juzgado quien tendría la última palabra. Por ahora, el juez se ha permitido una cierta licencia literaria al recordar a las partes -Cepsa y ayuntamiento- que "la cabal y exacta ejecución de la sentencia no requiere de grandes esfuerzos hermenéuticos".

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se roza la desesperación porque cuando todo apuntaba a que se resolvía este histórico enfrentamiento, vuelven a la casilla cero. "Ya hemos realizado esa valoración", se indica desde la Gerencia de Urbanismo.

La respuesta del TSJC es que el documento remitido no es propiamente un informe técnico, sino una mera diligencia, "de cuyo contenido no resulta de manera cierta que no se haya producido desequilibrio entre las prestaciones". En cuanto a ser "juez y parte", desde el ayuntamiento aseguran que "siempre" han tomado "una decisión contrastada".

El Consejo Consultivo de Canarias se ha puesto del lado del ayuntamiento y también considera que la industria ha sido ya compensada por medio de diversos beneficios urbanísticos.

La última sentencia de esta casi eterna guerra data del verano de 2013 y en ella el TSJC indicaba que la ciudad renunció al 10% de cesiones a las que estaba obligada Cepsa. Este paso supuso pérdidas para las arcas municipales que se cuantificaron en 1,4 millones de euros.

En 2014 la Gerencia de Urbanismo cifró en 517.348,24 euros el daño causado a Cepsa por haber cedido anticipadamente cinco parcelas a la ciudad. La Refinería presentó en el Juzgado una valoración de los beneficios que hubiese obtenido durante estos años de haber podido explotar el negocio que calculó en casi 31 millones de euros.

Pero el TSJC descartó que la industria pueda acogerse al lucro cesante, porque ya en 2005, este mismo tribunal emitió una sentencia en la que apuntaba que el convenio suscrito en su día era inviable. Y ello es así ya que la actividad se iba a situar en unos terrenos de dominio público adscritos al Recinto Ferial, edificio diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava y promovido por el Cabildo. Pero la explotación de la gasolinera se hubiese tenido que otorgar a través de un concurso abierto, siempre y cuando quedara justificado el interés general.