La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó ayer la sentencia firme declarando "autores criminales responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente" a los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, quienes estaban acusados de extraer áridos de manera ilegal durante más de 15 años en los barrancos de Güímar. La sentencia los condena a un año y tres meses de cárcel, medida que se suspende durante dos años, "condicionadas al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia".

La decisión judicial está en consonancia con el acuerdo alcanzado por los tres condenados con la Fiscalía, la acusación particular y el Ayuntamiento de Güímar, que incluye, además, un año y tres meses de inhabilitación especial del derecho de sufragio y a otros nueve meses para cualquier profesión vinculada con la actividad minera. Asimismo, los multan con 30 euros diarios, en el caso de Antonio Plasencia Santos, y 10 euros al día a Pedro Sicilia Delgado y a José Enrique Morales Rodríguez. Deben asumir las costas por partes iguales.

La Audiencia Provincial ordena "la adopción, a cargo de cada uno de los condenados, de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad (...), declarándose la responsabilidad subsidiaria de las empresas Áridos del Sur S.A. (responsable de la explotación de la cantera denominada Badajoz), la entidad mercantil Hermanos Morales Martín S.L. (responsable de la explotación de la cantera denominada cantera Badén II), y la mercantil Extracción de Áridos Canarios S.A. (responsable de la explotación de la cantera B (Extracsa)".

La sentencia firme especifica que para restaurar la zona "deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las administraciones competentes", que son Gobierno canario, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Güímar. Precisamente, la ausencia de estas instituciones entre los acusados es un asunto que está llamando la atención en el procedimiento.

Hasta el momento, un informe pericial elaborado por la Fiscalía determinó que el coste de la restauración de los barrancos de Güímar ascendería a 279 millones de euros, cifra que debería actualizarse al precio vigente.

Cabe recordar que en la vía civil se está tramitando aún otro procedimiento contra los mismos condenados y un cuarto empresario. Se trata de la reclamación de 209 millones por el ayuntamiento.

Francisco Javier del Rosario optó por no sumarse al acuerdo que condenó a los otros tres empresarios, por lo que el juicio continúa con él como único acusado. Su defensa, que la ejerce Rafael Sancho Verdugo (curiosamente, fue el primer juez instructor del caso), se centra en que no tenía responsabilidad ni representativa ni decisoria en la empresa Áridos del Atlántico hasta el momento en que fue presentada la denuncia, en el año 2005. De hecho, declaró que en la documentación siempre aparece "en representación de" la empresa. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Carlos Álvarez, aludieron a unos 40 documentos en los que figura como apoderado. Dos testigos, Fernando Domínguez y José Manuel Febles, personal del Gobierno canario, inspeccionaron en 1999 la cantera Llanos II llegando a decir que no contaban con el preceptivo informe de impacto ambiental, que había actividad y que había "un hueco impresionante".