Tenerife
LO ÚLTIMO:
Un hombre apuñala mortalmente a su expareja en una tienda de Palma leer
CASO ARONA

Santamaría: "Una trama política actuaba contra el municipio"

El exconcejal del PSOE fue quien entregó en la Fiscalía General 213 licencias y 79 contratos informados negativamente correspondientes al periodo 2004-septiembre de 2006.
J.A. Medina, S/C de Tenerife
26/ene/16 6:33 AM
Edición impresa
Santamaría: "Una trama política actuaba contra el municipio"

Desasistido desde el principio (2006) por su partido, el PSOE; perseguido políticamente, recibiendo amenazas telefónicas y objeto de propuestas de connivencia, según su declaración, Francisco García Santamaría dijo ayer a la sala que juzga el caso Arona que "constaté que había una trama política perfectamente organizada que actuaba contra los intereses generales del municipio".

García Santamaría fue quien el 9 de noviembre de 2006 anunció públicamente la presentación de una denuncia contra el gobierno municipal porque "nos dimos cuenta de que actuaba al margen de la ley". La materializó el 17 de enero de 2007 en Madrid, a donde trasladó la documentación correspondiente a la concesión de 213 licencias urbanísticas y 79 contratos, que contenían informes contrarios de los servicios jurídicos y/o técnicos del Ayuntamiento de Arona, durante el periodo comprendido entre enero de 2004 y el 20 de septiembre de 2006.

En su comparecencia como testigo aseguró que advirtió de esas irregularidades por escrito e "in voce" en numerosas ocasiones durante años, pero "el gobierno no rectificaba su conducta", por lo que optó por la denuncia. Admitió, asimismo, que en la reunión celebrada en casa del empresario Pedro Suárez (entonces, muy relevante) y en otra desarrollada en el ayuntamiento, el exalcalde acusado y otros miembros del gobierno local pretendieron hacerle partícipe de la aprobación de licencias de obras para desbloquear la situación urbanística del municipio. "Se trataba de una trampa. Nos llegaron a presentar un informe jurídico externo que la avalaba".

Francisco García Santamaría era entonces el portavoz del PSOE en el consistorio. Ayer ratificó que el gobierno municipal "hablaba clara y nítidamente de fraccionamiento de las obras" y explicó que la Junta de Gobierno Local "conocía los reparos y advertencias de ilegalidad, porque se lo decíamos en las comisiones de Urbanismo y en los escritos que registramos".

De los 60.000 euros de multa que pagó una sociedad en la que participa con su hermano por excederse en la ocupación del campin Nauta afectando a suelo rústico, recordó que la intención del equipo de gobierno era imponerle hasta 414.000 euros de sanción.

A preguntas de la abogada defensora Olga López, García Santamaría negó que hubiera comido con el juez instructor, Nelson Díaz, en el restaurante La Fresquera días antes de anunciar la presentación de la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Entre los restantes cuatro testigos declarantes sobresalen las intervenciones de Alicia Rodríguez, técnico de Disciplina Urbanística; Carmen Ana Díaz, jefa de sección del Área Técnica, y Manuela Melo, jefa del servicio de Planeamiento. Todas coincidieron en que en las unidades de actuación no gestionadas no se podía conceder licencia; que su trabajo es la elaboración de informes, no la toma de decisiones; que esos informes no contenían advertencia de ilegalidad, sino que se ajustaban a la legislación; que no recibieron instrucciones políticas sobre el sentido de sus informes y ninguna conocía en profundidad el expediente de Proguito.

CASO ARONA