Juan Rodríguez Bello, número cinco de la candidatura municipal del PSC-PSOE, será el próximo alcalde de Granadilla de Abona. El actual primer teniente alcalde y concejalías de Urbanismo, Medio Ambiente Obras y Servicios Generales sustituirá a Jaime González Cejas, que renunciará a su acta la semana próxima, al igual que Ana Esther Flores y Nicolás Jorge, segunda y cuarta teniente de alcalde en este mandato.

Rodríguez Bello formó parte de los gobiernos municipales desde 1995 hasta 2003, ejerciendo como concejal de Deportes y de Juventud, retornando a la actividad política en 2011, también en el gobierno municipal, pero en pacto con el PP. El proceso de relevo se completará a finales de este mes o en las primeras semanas de 2016. Aunque los socialistas no cuentan con mayoría absoluta, todo apunta a que disponen de los apoyos necesarios para mantener la Alcaldía.

Jaime González Cejas, Ana Esther Flores y Nicolás Jorge serán sustituidos por los números 10 (Guacimara González), 11 (Jonathan Pérez) y 12 (María Candelaria Oramas).

El aún alcalde de Granadilla de Abona dijo ayer que dimitirán voluntariamente, tras haber sido elegidos mayoritariamente desde el año 1991, adelantándose a la previsible apertura del juicio oral del procedimiento iniciado por Coalición Canaria (CC) y Sí se Puede (SsP) hace más de nueve años.

El regidor granadillero manifiesta "contundentemente" su "desacuerdo" con el auto de la Audiencia Provincial y está convencido de que probarán su inocencia en el consiguiente juicio oral, "si este se aperturara". No obstante, señala que es "respetuoso con las decisiones judiciales", pero "no comparte" los razonamientos de la Audiencia.

En la investigación de la denuncia presentada por CC en 2006, a la que se sumó SsP, "y en la que solo perseguían el afán de obtener rédito electoral para las elecciones del 2007", el juez titular "que conoció de la causa, investigó e interrogó y tuvo a su disposición todos los expedientes", dictó un auto (2011) absolviendo provisionalmente al alcalde y al resto de miembros de la Junta de Gobierno denunciada.

El fiscal , "que en todos estos años no asistió ni se personó en ninguna de las actuaciones ni realizó actividad alguna", recurrió el auto de sobreseimiento, "más de un año más tarde", siendo rechazado por un segundo juez "en prácticamente su totalidad", con excepción de "una cuestión meramente administrativa, en la que el secretario y un aparejador emiten informes contradictorios sobre una licencia".

"La justicia tardía no es justicia y nueve años de instrucción, sin que todavía haya juicio, a unas personas que son cargos públicos, con la exposición mediática y social que ello supone, es una injusticia y habrá que habilitar los mecanismos adecuados y los medios necesarios para que esto no ocurra", apostilló.

A juicio de González Cejas, "la grandeza política va unida a la coherencia personal, al respeto a unos principios y el servicio a todos y cada uno de los ciudadanos, su buen nombre y de la institución municipal, por encima de todo, y eso, a veces, exige sacrificio personal. La institución tiene que estar alejada de la bajeza política del todo vale para atacar al otro".