Tras un largo proceso político y judicial, la parte penal del caso Varadero quedó ayer vista para sentencia. Las conclusiones del fiscal, ministerio que denunció por un presunto delito de prevaricación al exalcalde de El Rosario Macario Gil, a la exedil de Urbanismo Ana Lupe Mora y a la secretaria municipal, María Anita Alonso, y de los tres abogados de la defensa coincidieron, de forma curiosa, en que hubo administraciones por encima del consistorio que, o miraron para otro lado o, incluso, contribuyeron a casi propiciar una ilegalidad, que es la lectura del fiscal, o respaldaron las tesis locales y, cuanto menos, evidenciaron visiones distintas.

De nuevo, el primero en intervenir fue el fiscal, Rafael Ruiz. En casi 2 horas y con una contundencia que el abogado del alcalde y de otros 4 ediles que conformaban la comisión de Urbanismo en 2004 tildó de inquisitorial, recalcó la concatenación de irregularidades que, en su opinión, se cometieron. Sin embargo, la parte más llamativa fue cuando, al final, invitó a subirse a un barco y comprobar cómo se construyó de forma desordenada todo el litoral de Santa Cruz a Güímar salvo la ladera de Varadero. Eso sí, remarcó que eso fue posible gracias a las sentencias de los tribunales, sobre todo la del TSJC de 2007 que anula el plan parcial, y no por el consistorio, Gobierno y Cabildo, lo que hizo que las defensas preguntaran por qué no se imputó a esas otras administraciones.

Ruiz dijo entender el choque que le produjo al TSJC que, pese a los 4 informes contrarios de la Cotmac, el de Carreteras, Costas y Consejo Insular de Aguas que, en su opinión, forzaron al alcalde a pedir que el plan no se abordase en la comisión del Territorio de noviembre de 2002, pese a todo esto, el Gobierno regional retirase su recurso al proyecto por aprobarse por silencio administrativo una vez modificadas las Normas Subsidiarias para eliminar el uso turístico. Asimismo, tampoco entiende que el Cabildo respaldase luego el plan pese a ser contrario al PIOT.

A su juicio, el proyecto era "nulo de pleno derecho" y, en ningún caso, cabe la retroactividad, de forma que se pudiera salvar el escollo del PIOT. A su vez, volvió a poner en duda que, aunque se eliminase el hotel inicial, los apartamentos y bungalós previstos como alojamientos no permanentes no puedan concebirse como turísticos. Cree probado, además, que el gobierno local frenó con el célebre fax que la Cotmac rechazase el proyecto para, en junio de 2004, aprobarlo con un silencio positivo que considera incomprensible e intolerable, y del que culpa también a la secretaria.

En una línea muy similar intervino el abogado de la acusación particular, quien llamó la atención sobre la insistencia del gobierno local en urbanizar la zona fuera como fuese y por encima de los reparos de la arquitecta local, los informes de la Cotmac, la ley de moratoria de 2001, las directrices de 2003 y el PIOT aprobado en octubre de 2002. Asimismo, recordó que fueron cientos los planes parciales que se pararon en aquel momento, pero El Rosario se empeñó en seguir adelante con este pese a los informes y sentencias.

El abogado del alcalde pidió la absolución al considerar precisamente que la postura del Gobierno y Cabildo prueba en diversos momentos que el gobierno local podía tener razones y que, en todo caso, jamás hubo una prevaricación consciente, entre otras cosas porque se pudo aprobar el plan antes del PIOT y porque no tiene sentido pedir que no se aborde en la Cotmac pensando que, 2 años después, saldría por silencio.

El letrado de Mora basó su defensa en que, bajo su criterio, sí hay argumentos para retrotraer el plan a antes del PIOT, pues se había producido una aprobación inicial previa, entre otros motivos. Por su parte, el defensor de la secretaria remarcó que esta nunca tuvo a mano los informes contrarios de la Cotmac y que, tanto en 2002 como en 2004, cuando respalda el silencio, actuó conforme a la ley y los informes con los que contaba. A su juicio, no hay pruebas de cargo para condenar por prevaricación, aparte de que, como desde el principio, duda de que tenga sentido haber llegado a la vía penal.