La compañía Enagás ha decidido volver a iniciar el proceso para instalar la regasificadora en el municipio sureño de Granadilla de Abona, después de que, el pasado mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizase su construcción al anular la declaración de impacto medioambiental y la autorización administrativa.

Si bien la empresa ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) aquella decisión, ha apostado al mismo tiempo por esta otra vía. Concretamente, fuentes oficiales de Enagás explicaron ayer que lo que ha hecho la firma española es volver a empezar el trámite de declaración de impacto ambiental y de autorización administrativa, "aportando más datos" y "enriqueciendo" la otra solicitud.

La decisión de la compañía fue recogida este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en un anuncio que reza: "Objeto de la petición: solicitud de autorización administrativa y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto modificado número 1 de la planta de regasificación de GNL en Tenerife, así como su estudio de impacto ambiental".

Cabe apuntar que, en la sentencia de marzo, el TSJM incidía en la ausencia de un estudio de impacto ambiental de la afección que generarían todas las instalaciones ubicadas en el polígono industrial, como son la central térmica, la planta de gas o los almacenes de esta instalación.

Siguiendo el anuncio publicado ayer, la regasificadora y las instalaciones portuarias asociadas se situarán en terrenos titularidad de la Autoridad Portuaria de Tenerife en el polígono industrial de Granadilla. Se trata de unas instalaciones que se diseñarán para la recepción de barcos metaneros entre 40.000 y 200.000 metros cúbicos, que transportan el gas natural en estado líquido. El objetivo es que el gas natural licuado se descargue del barco a través de unos brazos y se almacenen, en la primera fase, en un tanque de contención con capacidad neta de 150.000 metros cúbicos.

Sea como fuere, a partir de hoy -día siguiente a la publicación del anuncio- se abre un plazo de 30 días para que los propietarios y otros titulares afectados puedan examinar la iniciativa -en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y en el Ayuntamiento de Granadilla-, a fin de que puedan presentar alegaciones a un proyecto que supondría la llegada del gas al Archipiélago.