Una sentencia de la Audiencia Provincial dada a conocer ayer confirma prácticamente en todos sus términos la que a finales del pasado mes de febrero dictó Beatriz Méndez, magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz. En ella se ordena el derribo del edificio de aparcamientos situado a la entrada de la playa de Las Teresitas conocido como el Mamotreto. Además, los costes de la demolición deben correr a cargo de los condenados. La inhabilitación para cargos públicos pasa del máximo de quince años a siete en la mayoría de los casos.
Fuentes jurídicas explicaron a este periódico que "el derribo está claro y es firme, aunque la sentencia permite legalizar la parte del edificio que no está en la zona de servidumbre o de dominio público".
Otras fuentes consultadas dejaron muy claro que "el Plan General de Ordenación aprobado no permite legalizar esta construcción, por lo que el camino clarísimo es la demolición".
Los condenados por dos delitos de prevaricación urbanística y uno contra la ordenación del territorio son los exconcejales de Santa Cruz Manuel Parejo Afonso (Urbanismo), Norberto Plasencia Vizcaíno (Servicios Públicos) y José Domínguez Pastor (Obras), además de Loreto Aritz Alonso (exjefa de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo). Además, Candelaria Benítez Pérez (asesora legal de la Gerencia) y Epifanio Gómez Sánchez (arquitecto municipal) lo son por un delito de prevaricación urbanística y como cooperadores necesarios en otro contra la ordenación del territorio.
Parejo es condenado a un año por cada uno de los dos delitos de prevaricación urbanística y a otro por delito contra la ordenación del territorio, lo que hace un total de tres años más siete de inhabilitación para cargo público por los dos primeros y otro más por el tercero.
Norberto Plasencia, por su parte, a nueve meses por cada delito, lo que hace un total de dos años y tres meses. El período de inhabilitación es igual al de Parejo.
Domínguez Pastor es condenado a seis meses por cada delito, lo que suma 18. Más siete y un año, respectivamente, de inhabilitación
Loreto Aritz, por su parte, "como autora penal civilmente responsable de dos delitos de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio", según asegura literalmente la sentencia, es condenada como Parejo y Plasencia a un año por cada delito hasta un total de tres. El tiempo de inhabilitación es igual al de los tres concejales. Epifanio Gómez es condenado a nueve meses de prisión por cada uno de los dos delitos, con lo que suma 18, y Candelaria Benítez, a seis por cada uno hasta llegar al año. La suma total es de doce años y un mes.
La sentencia, de 113 folios, acuerda también "la demolición de la obra ejecutada... debiendo procederse a cargo de los condenados y por partes iguales a la demolición de la estructura del edificio de aparcamientos y locales comerciales de acuerdo con los hechos declarados probados en la sentencia de instancia".
La sentencia acaba con este párrafo: "Remítase a la Comisión Disciplinaria del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife testimonio de la presente sentencia así como los recursos de apelación interpuestos por la defensa (Eligio Hernández era su abogado) de los acusados Loreto Aritz y Dámaso Norberto Plasencia a los efectos expuestos". Esto hace referencia a una posible infracción disciplinaria que habría cometido el letrado al denunciar a la jueza Beatriz Méndez.
Martín: "Ejecución"
"Sentencia ejemplar; hito en la lucha contra la corrupción. PSOE de Santa Cruz defendió el derribo y lo conseguimos". Es el tuit que colgó ayer el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, el socialista José Ángel Martín. Aseguró que "la sentencia despeja todas las dudas legales porque es firme salvo algún recurso especial al Tribunal Supremo. Nos queda cumplirla en todos sus términos y ya los técnicos estudiando lo que es de nuestra competencia: el derribo". Además, indicó: "Ejemplar y ejemplarizante para técnicos y políticos que piensan que no deben cumplir con el estado de derecho. Contra la corrupción, pionera en Tenerife y España, marca un antes y un después. El aquí vale todo se acabó". Martín, denunciante del caso, concluyó: "Tolerancia cero con la corrupción. Cuando se acabó la vía administrativa tuvimos que recurrir a la judicial ante una obra que se levantó por intereses totalmente ajenos a los generales de la ciudadanía".