La que fuera jefa de Sección del Servicio de Edificación y Patrimonio de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz hasta 2009 declaró ante el juez y la Policía Judicial que sufrió presiones de altos cargos del área para emitir un informe jurídico favorable a la concesión de la licencia de apertura y actividad a varios negocios ubicados en el Parque Marítimo César Manrique. Posteriormente se produjo la inmediata e inusual subrogación del Cabildo al expediente para conceder esa licencia. Estas declaraciones se enmarcan en la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de tráfico de influencias. En los últimos días han prestado declaración otros funcionarios y jefes de servicio del Ayuntamiento capitalino.
La alta funcionaria manifestó en su comparecencia en el Juzgado número 1 de Santa Cruz que emitió el informe de denegación de eventos del Parque Marítimo en abril de 2009. Lo basó en que la concesión no permitía usos distintos a los de piscina, zumería y los bares, y no valía para los eventos porque no estaba recogido de forma expresa y se estaba hablando de un dominio público. Aparte de eso no se pagaba el canon para esos eventos.
La testigo asegura que en marzo tuvo una reunión con el alcalde, Luz Reverón, Luis Prieto, Víctor Reyes, Eduardo Risueño, Fermín García, Ana Toval, Juan Riquelme, Pedro Doblado y Francisco Villar.
El 23 de abril de 2009 -continúa la transcripción de la comparecencia- tuvo otra reunión con Eduardo Risueño (gerente), Víctor Reyes (secretario) y Ana Toval, la cual no pudo asistir, que le sugirieron informar favorablemente puesto que había un informe en ese sentido de Pedro Doblado. La declarante mantuvo su postura, a pesar de esas sugerencias. Les dijo que emitiría en tres días los informes desfavorables y se sintió "presionada por Víctor Reyes y Eduardo Risueño". No amenazaron con destituirla, pero "sabía que iba a ser cesada".
El 28 de abril emitió su informe en sentido negativo y luego sin que ella supiera por qué se subrogó el Cabildo. El 30 de abril, Eduardo Risueño le preguntó si alguien tenía la resolución del informe denegando los eventos y si se podría romper. Contestó que ya estaba dentro del expediente foliado.
Entonces, le dijo (Risueño) que el informe del 28 lo tenían que rubricar Fermín García, Víctor Reyes y la concejala de Urbanismo (entonces Luz Reverón). No sabía si lo rubricaron y no supo nada más del expediente.
La funcionaria, posteriormente cesada, en julio de ese mismo año, argumenta ante el juez que "la subrogación (al Cabildo) la había pedido el empresario Luis Gil el 23 de abril de 2009, el mismo día en el que la declarante comentó que lo iba a hacer negativo (e informe). "Ese mismo día 30, cuando estaba en la reunión, un auxiliar entró y dijo que el Cabildo se había subrogado en los cinco expedientes", explicó.
"El Cabildo se subrogó y ya no podían intervenir más", señala la declaración, ante lo cual mostró "su sorpresa porque en 4.000 expedientes solo se habían subrogado dos veces y nunca en un dominio público". La declarante recordó que "la presión a la que se refirió en su declaración ante la Fiscalía era que no le dejaban hacer el informe jurídico conforme a su conciencia".
Añade el documento que el 28 de abril hizo el informe y que al día siguiente recibió una llamada de Víctor Reyes en la que le informó que los letrados Campos y Espinosa estaban en la Gerencia y dio orden de no darles el expediente y que les dieran largas.
Esos días la declarante acordó el cese de actividad del túnel de lavado, el McDonalds y las pistas de pádel porque era preciso un estudio de detalle. Esa orden no se cumplió porque "Eduardo Risueño dijo que no se cumpliesen las órdenes de cese", pero no a ella directamente. Y, apostilló, "del contrainforme de Víctor Reyes no tuvo noticias". La funcionaria testificó que "le intentaban convencer de que hiciese un informe favorable a la concesión de la licencia (a estos negocios del Parque Marítimo)".
Finalmente, el 2 de julio "le dijo Eduardo Risueño que la iba a cesar porque no llevaba bien el servicio y se fue (en comisión de servicios que ella pidió)". Aseguró, por último, que "lo habitual es que el secretario delegado firme y no tenga que hacer contrainformes".
Dos causas penales abiertas
El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz instruye dos causas penales sobre el Parque Marítimo César Manrique. Una de ellas sobre la supuesta falsificación del estudio de detalle para permitir obras ilegales en el espacio público. El juez ha tomado declaración al arquitecto redactor del estudio de detalle sobre la presunta falsificación de ese documento, después anulado en los tribunales, que se requería para poder legalizar los negocios que, de forma supuestamente ilícita, se han venido desarrollando durante años en el recinto. La modificación del Plan Especial permitiría legalizar lo que durante ocho años se ha hecho de forma ilegal. El lavacoches, el MacDonalds y el centro de pádel serían obras ilegales en suelo público, por lo que se requería un estudio de detalle que podría haber sido falsificado para adaptarlo a las exigencias del Plan Especial. La segunda causa penal se refiere a un supuesto delito de malversación de caudales públicos y presunto tráfico de influencias por la presión que se habría ejercido sobre una funcionaria, responsable de la concesión de esa licencia para legalizar los negocios, que se relata en esta página. Esta Jefa de Servicio se negó a firmarla, como se le pedía, y fue presionada -así lo declaró ante la Policía- para que cambiara su decisión. Una vez se constató que no estaba dispuesta a dar esa licencia, el Cabildo se subrogó en las competencias y no se concedió. La funcionaria fue cesada y desapareció tras doce años de trabajo en el consistorio. La Intervención General del Estado emitió un informe en el que concluía que se habrían "malversado 400 millones de pesetas".