El secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, declaró ayer, en rueda de prensa, que el sindicato considera que "el Cabildo de Tenerife ha cometido un supuesto delito de prevaricación en relación a la privatización de los tres casinos de la Isla -Santa Cruz, Playa de las Américas y Puerto de la Cruz- gracias a determinados actos administrativos".
Santana pone de ejemplo el informe realizado por el área de Hacienda del Cabildo de Tenerife, el cual pone de manifiesto la compleja situación de las entidades dependientes, puesto que cree que "no tiene legitimidad ni valor jurídico que avale los datos que refleja" así como afirma que este "es un informe sesgado y parcial de la realidad de los casinos".
Manifiesta, también, su disconformidad con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ya que desde el sindicato consideran que " ha venido mintiendo ya que el 28 de febrero tuvo lugar la aprobación por el pleno de la des inversión del casino de Playa Las Américas y el 3 de marzo se eleva una solicitud de explotación de dichos casinos en el que adjuntan un pliego de condiciones que no trae consigo informes técnicos que lo avalen".
Desde UGT-Canarias manifiestan que, pese a que no tienen fecha concreta para presentar la documentación frente a la fiscalía anticorrupción, lo harán en cuanto tengan la tengan ordenada cronológicamente lo que se prevé que sea en pocas semanas.
Por su parte, el Cabildo de Tenerife, ante estas acusaciones, ha declarado que "el proceso de privatización de los casinos se está desarrollando dentro de la legalidad vigente".
Desde la corporación isleña afirman, además, que con la venta de los casinos se pretende impulsar un proceso de actividad económica que atraiga inversores que doten de una mayor competitividad al destino turístico e impulsen el empleo.
El Cabildo quiso hacer hincapié en que, en estos momentos, esta ultimando el pliego de condiciones que regirá el concurso público para la venta de las acciones, que garantiza la subrogación del personal del Casino Playa de las Américas al adjudicatario con plena garantía de todos los derechos recogidos en su convenio colectivo. También, según la corporación isleña, se establecen las condiciones adecuadas para garantizar la solvencia técnica y económica del adjudicatario y la obligatoriedad de permanencia del Casino en la misma localización geográfica, es decir, en Adeje.