El Gobierno de Canarias informó ayer al Cabildo y al Ayuntamiento de Güímar de que las empresas extractoras de áridos que operaban en los barrancos güimareros no contaban con autorizaciones mineras en vigor durante muchos de los años que permanecieron activas. Esta es la conclusión principal de la reunión técnica mantenida ayer por las tres administraciones.

De esta situación, el gobierno municipal hace una lectura “muy positiva”, ya que se trata de un dato que avala sus tesis y un argumento importante para seguir reclamando a los empresarios el pago de la restauración de este enclave, del que las industrias estuvieron extrayendo árido durante casi medio siglo en lo que es “el mayor atentado paisajístico que existe en Canarias”, en palabras del alcalde güimarero, Rafael Yanes.

Cabe recordar que a 201.567.122 euros asciende el coste que tendría actualmente la restauración de la zona de los barrancos de Güímar en la que se encuentran las canteras de extracción de áridos, cuya actividad cesó el 8 de abril de 2008, cuando el ayuntamiento procedió al cierre y precinto de la última de las instalaciones. La tasación forma parte de las diligencias previas abiertas en un procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado número 2 de dicho municipio, habiendo sido solicitada su elaboración por la Fiscalía.

“Algunos sueñan con solicitar indemnizaciones. Nosotros también hablamos de indemnizaciones. Los autores de este atentado paisajístico deben indemnizar a la sociedad, a las administraciones y al interés público para recuperar la agricultura del lugar”, dijo hace un mes el regente, quien ayer presi- dió un encuentro con parlamentarios y consejeros insulares del PP, de visita en el municipio.

El interés del PP

La presidenta del Partido Popular en Tenerife y diputada autonómica, Cristina Tavío, expresó su “total y absoluto apoyo” a la propuesta del ayuntamiento de solicitar al Cabildo la modificación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) al objeto de cambiar la calificación del suelo afectado por las industrias extractoras de rústico de protección minera a rústico general, en cualquiera de las categorías que procediera para dicha clase de suelo. Respaldo que extendió a la petición de sustituir el actual Plan Extractivo por otro de Restaura- ción del Paisaje y la Canalización de los Barrancos.

Por su parte, el presidente-por- tavoz del Grupo Popular en el Cabildo y senador por Tenerife, Antonio Alarcó, recalcó la impor- tancia de la reunión celebrada durante la mañana de ayer y recordó que el PP “tiene un conocimiento exhaustivo de la problemática existente con la extracción ilegal de áridos debido a que la exalcaldesa de Güímar, Vicenta Díaz (q.e.p.d.), nos mantuvo al día de esta situación durante su legislatura”.