La ex concejal de Ciudadanos de Santa Cruz en el consistorio capitalino Odalys Padrón ha presentado una ampliación de la denuncia que interpuso la asociación Justicia y Sociedad en mayo de 2008 (en cuya redacción colaboró la propia Padrón) por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en el denominado "caso García Cabrera".

Según Odalys Padrón, ha tenido constancia "de la intención de la corporación de iniciar la rehabilitación del edificio administrativo de General Antequera" y lo ha puesto en conocimiento mediante escrito presentado en la Fiscalía Especial "para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción de Santa Cruz para que le sea remitido al fiscal Luis del Río".

De hecho, en esta ampliación de la denuncia se adjunta una carta del concejal de Asuntos Sociales, Ignacio González (CCN), que dirigió a principios de mes a la concejal de Patrimonio, Esther Sarrautte (PNC), solicitándole la autorización de acceso a tres trabajadores adscritos a la Gerencia Municipal de Urbanismo que componen el equipo redactor del proyecto, entre ellos el arquitecto municipal Germán Delgado, para iniciar los estudios "tanto en horario de mañana como de tarde".

Así, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz querría, de esta forma, iniciar la rehabilitación del edificio situado en General Antequera "de facto" ya que, según explica la ex concejal, no existe ningún acuerdo plenario o de la Junta de Gobierno Local que sustente tal decisión.

Sin embargo, la imposibilidad de rehabilitar el citado edificio administrativo de General Antequera, junto con la urgencia de su desalojo, "había sido la línea argumental para la ilegal rehabilitación del antiguo IES Hermanos García Cabrera de Ofra", según apunta Padrón.

Pese a ello, la urgencia del desalojo nunca se sostuvo por cuanto a fecha de hoy siguen siendo ocupadas por trabajadores municipales tres de las cinco plantas de que consta dicho edificio. Además, la alternativa elegida por el entonces concejal Guillermo Núñez (el antiguo IES Hermanos García Cabrera) desde el principio se sabía que no sería capaz de albergar al 100% de los trabajadores de la calle General Antequera, permaneciendo en dicha sede Servicios Sociales, Atención e Información del Contribuyente, la Unidad de Población y Registro Oficial de entrada y ventanilla única, así como una oficina de recaudación.

Por otro lado, Padrón añade que "precisamente fue Esther Sarrautte quien paralizó durante un año el traslado de parte del personal municipal al IES Hermanos García Cabrera y estuvo buscando otra sede alternativa, para lo que encargó, incluso, dos estudios millonarios a dos empresas para la rehabilitación de la Tesorería de la Seguridad Social en la calle General Gutiérrez".

Cabe recordar que la factura de un pago inicial a la empresa Imes Api SA por más de 300.000 euros en concepto de obras menores en el antiguo instituto de Ofra, así como la aparición de dos informes contradictorios sobre el mismo, desató el denominado "caso García Cabrera", que terminó con la denuncia efectuada por Justicia y Sociedad y con la creación de la primera comisión de investigación municipal de la democracia en el Ayuntamiento de Santa Cruz, cuyas conclusiones nunca fueron llevadas a pleno.

Mientras en el informe al que tuvo acceso Odalys Padrón se advertía de que las obras en el viejo instituto García Cabrera "no pueden encuadrarse como pequeña reforma", en el único documento al respecto que constaba en el expediente se hacía constar que "podrían ser consideradas como obras menores". Pero en ambos casos, dispares totalmente, se utilizó como soporte jurídico la misma jurisprudencia.

En resumen, Justicia y Sociedad solicitó a la Fiscalía que investigase un posible delito de "prevaricación y malversación de caudales públicos" en la actuación de algunos concejales y funcionarios del consistorio capitalino, a la hora de presupuestar la rehabilitación del IES Hermanos García Cabrera de Ofra para futura sede de los trabajadores municipales como obra menor y adjudicarla a la empresa Imes, encargada de las tareas de mantenimiento de las instalaciones en Santa Cruz.

También Ciudadanos de Santa Cruz, con anterioridad, denunció "la falsedad en documento público" por la existencia de dos informes contradictorios, pero fue finalmente archivada.

los datos

Un traslado polémico

El IES Hermanos García Cabrera tiene tres plantas y casi 8.000 metros cuadrados. Asimismo, en dichas dependencias se ubica la sede de la oficina de Distrito Ofra-Costa Sur y la Concejalía de dicho barrio, entre otras oficinas como la Concejalía de Patrimonio y Personal.

En mayo de 2008, llegó a Fiscalía Anticorrupción la denuncia del llamado "caso García Cabrera", que constaba de 41 páginas, un soporte multimedia y algunos vídeos. En la denuncia se acusa al consistorio de un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Pese a las denuncias y a los preavisos de huelga de los trabajadores del ayuntamiento que iban a ser trasladados a Ofra, la causa de dicha movilización se debió a que en el edificio de General Antequera se detectó que tenía serios problemas de estructura y no reunía las mínimas condiciones de seguridad, aunque allí se quedaron las oficinas de atención al ciudadano y el padrón municipal, entre otras como la Concejalía de Cultura y Bienestar Social en un primer momento.

Los aplazamientos para el trasvase de funcionarios se debió a que la parte de los archivos no contaba con una puerta y una escalera, sino sólo con un ascensor y se tuvo que hacer una ampliación de la obra. Sólo el traslado de los expedientes ascendió a 90.000 euros.

Las obras del García Cabrera sólo fueron de rehabilitación para albergar a unos trescientos trabajadores de distintas áreas durante 10 años. Se escogió dicho edificio al tener cerca el tranvía, contar con aparcamientos propios, seguridad, una cafetería y una amplia zona como archivo. La rehabilitación del IES Hermanos García Cabrera costó cinco millones de euros.

En abril de 2008, Ciudadanos de Santa Cruz advirtió al ayuntamiento que recurriría por la vía judicial si no le entregaban los documentos de la rehabilitación. En esa época, el pago de 3.261.484,07 euros fue reparado por Intervención General a 30 de noviembre de 2007. El "caso García Cabrera" , según los socialistas, fue "objeto de la primera Comisión de Investigación Municipal en la democracia".