El exalcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín Ramos, imputado por la muerte de dos personas en la playa de Los Guíos el 1 de noviembre de 2009 a causa del desprendimiento de tierra y piedras del talud, aseguró ayer que ningún informe técnico le recomendó que impidiera el acceso de los bañistas a este enclave y que tampoco le advirtieron de que hubiera un grave riesgo para las vidas humanas.

Ayer tuvo lugar la primera jornada de esta causa en la que también se sientan en el banquillo de los acusados los técnicos municipales José J. R., Celso G. y el exjefe de la Demarcación de Costas, Carlos González. Gorrín es el único que está imputado por el Ministerio Público y, a excepción de González, todos optaron por solo responder a las preguntas de la Fiscalía y de sus propios abogados.

El exalcalde indicó que en julio de 2009, la Policía Local le había alertado sobre un pequeño derrumbe y, a partir de aquí, tomaron una serie de medidas y comenzaron a preparar los informes técnicos. Atribuyó todas las decisiones tomadas a su personal de confianza sin dar nombres concretos, aseguró desconocer personalmente los documentos elaborados por los bomberos y señaló que su preocupación era buscar los fondos necesarios para poder evitar la caída de piedras.

Apuntó que dio órdenes para que la policía pasara con frecuencia por el lugar, dijo que el socorrista era el responsable de vigilar que todo transcurría con normalidad y reconoció que se dirigió a Costas para que tomara cartas en el asunto, dados los perjuicios económicos que podían derivarse de que la playa no estuviera operativa. "No era una cuestión de dinero, pero también hay que tener en cuenta que somos un municipio que vive del turismo".

Recordó que en el lugar siempre han existido dos carteles advirtiendo del peligro, dado que los desprendimientos eran cíclicos desde el año 2004. Cree que Costas es el organismo competente en cuanto a seguridad.

El exjefe de Costas, Carlos González, se pronunció en sentido totalmente distinto. Bajo su punto de vista, los responsables de garantizar que los bañistas no corran ningún peligro son las corporaciones locales y, por lo tanto, aseguró que el organismo estatal que él representaba no adoptó medida alguna. "En estos momentos hay tres playas cerradas por motivos parecidos y la decisión ha recaído siempre en los ayuntamientos".

De hecho, González admitió que ni siquiera llegó a visitar Los Guíos, que el organismo estatal no tomó ninguna decisión y que su papel fue transmitir algunas recomendaciones a los responsables municipales, entre ellas que consultaran a un experto. Cuando comenzaron los primeros desprendimientos pidió que se elaboraran informes con celeridad y estos fueron redactados a finales de octubre, poco antes del fatídico 1 de noviembre de 2009, en el que se produjeron las muertes. Cuando le preguntaron su opinión sobre si consideró suficientes las medidas adoptadas por el ayuntamientos tras los primeros desprendimientos, González aseguró que le parecían insuficientes.

Otro tanto hizo el técnico del Ayuntamiento de Santiago del Teide, Sergio G., quien elaboró un informe en el que se advertía del estado que presentaba el talud y daba algunas pautas a seguir. Pero dejó claro que este documento era informativo y no vinculante y que las recomendaciones apuntadas se llevaron a cabo. Recordó que la Comunidad Autónoma jamás calificó esta playa como peligrosa.

Otro de los acusados, José J. R., aparejador municipal, señaló que el propio exalcalde le instó a que redactara el informe lo antes posible y de la inspección que hizo del lugar no creía que estuviera justificado un cierre total. Curiosamente, aunque estaba de vacaciones en la fecha del siniestro, participó en la recuperación de los cuerpos como bombero voluntario.