El Consejo Consultivo de Canarias secunda la revisión de oficio (incoada el 1 de marzo de 2018) del expediente sobre la actuación de la Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos de Candelaria (Epelcan) en la barriada Antón Guanche. En el dictamen "se informa favorablemente la declaración de nulidad de la primera fase de la obra del Área de Rehabilitación Integral Antón Guanche", según confirmó el gobierno municipal.
Tras la recepción de las obras se han detectado numerosas deficiencias./M.E.
En esa línea, el equipo gobernante, que lidera María Concepción Brito, emitió anteayer el decreto correspondiente tomando conocimiento del citado dictamen del Consejo Consultivo, "declarando con ello la nulidad de pleno derecho de tres actos administrativos".
Afecta, concretamente, al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Epelcan el 11 de marzo de 2011, sobre las obras de rehabilitación de la primera fase de 70 viviendas en Antón Guanche, por el que aprobaron los pliegos y crearon una comisión técnica asesora para la apertura de las ofertas, su estudio y valoración.
La revisión de oficio también afecta al acuerdo que fue adoptado por el mismo órgano de la empresa municipal el 20 de mayo de 2011, correspondiendo a la adjudicación de los trabajos a la empresa Grupo Cobra por 876.409,08 euros y un tiempo de ejecución de nueve meses, estableciendo una contribución económica de 40.000 euros a las exigencias sociales de Candelaria, concretando en 27 el personal desempleado a contratar y cuantificando las mejoras genéricas propuestas en 44.000 euros.
En ese marco, la medida afecta, finalmente, al acta de recepción de los trabajos realizados en esta primera fase, datada el 4 de noviembre del ejercicio de 2013.
En su exposición, el dictamen del Consejo Consultivo recoge que la "omisión de los informes del secretario y del interventor, exigidos en la disposición adicional segunda de la LCSP (2007) para la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares previstas", deriva en la invalidez de los acuerdos ya citados.
El gobierno municipal del Ayuntamiento de Candelaria sostuvo ayer que , "con todo ello, serán los servicios jurídicos del ayuntamiento los que determinen las actuaciones que procedan. Una vez decididas, serán trasladadas inmediatamente y puestas en conocimiento de los vecinos afectados".
Las deficiencias detectadas son numerosas
En enero de 2012, comenzó una obra que tardó casi tres años en concluir dejando deficiencias que 70 familias denuncian de forma reiterada. El arquitecto técnico municipal, Federico López, emitió un informe asegurando, en 2017, que "no puedo entender cómo se firma un certificado final de obra y no existe ninguna reseña de que se hayan subsanado los desperfectos indicados en los dos listados que figuran en el libro de órdenes". A ello sumó anomalías como que "se certifiquen unidades de obra que no se han ejecutado", se cifra en 32.141,51 euros el exceso de coste de la obra, la obstrucción de la red de saneamiento, el cerramiento con chapa perforada deja pasar viento, agua y polvo; la filtración de agua de lluvia en la planta baja del bloque 13 porque falta un escalón, las paredes de la caja del ascensor con humedad, lo mismo que en la solana (donde se apoya la caja de la escalera) de las viviendas de la planta alta; y problemas de desagües interiores, filtraciones de bajantes en la cocina y baño de dos pisos, entre otros.
La Entidad Pública Empresarial de Gestión de Empresas y Servicios Públicos de Candelaria (Epelcan) es la responsable de la obra, que ejecutó la empresa Cobra. Fue en enero de 2012 cuando comenzaron los trabajos, cuyo certificado de final de obra data del 16 de octubre de 2014, tras una inversión de 1.024.100 euros, costeada entre el Ministerio de la Vivienda, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Candelaria y el Cabildo de Tenerife. La recepción oficial de la obra tuvo lugar el 4 de noviembre de 2013. Los vecinos "supuestamente beneficiarios" de los trabajos tuvieron que aportar entre todos 175.000 euros.
El alcalde de la Villa Mariana en todo ese proceso era José Gumersindo García y como concejal de Urbanismo ejercía Domingo Tomás Ramos, ambos actualmente condenados por prevaricación administrativa a inhabilitación en el ejercicio de cargo público por la gestión de otra obra pública, el campo de fútbol de Barranco Hondo.
El 27 de septiembre pasado, el secretario de la corporación, Octavio Fernández, aseguró que estas obras fueron adjudicadas de forma irregular, ya que "se hizo sin que el proyecto fuera aprobado con anterioridad, sin mesa de contratación, sin informe de Secretaría y sin informe del interventor".