La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP), la concejal Verónica Jorge (CC) y el exedil Sixto Alfonso (Alternativa por Güímar) declararon ayer, en calidad de investigados, ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar en el marco de las diligencias previas abiertas de un proceso penal por el "presunto delito de prevaricación de carácter continuado".

La denuncia fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción al conocer, a través de la documentación presentada en noviembre de 2015 por los grupos municipales Socialista y de Sí se Puede -incrementada en marzo de 2016-, el levantamiento de reparos de 168 facturas (por un importe aproximado de 200.000 euros) y "la existencia de múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación".

La primera en declarar ayer fue la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, quien se negó a responder al abogado de la acusación "por consejo de mi abogado". "Di más explicaciones que en un pleno", manifestó a EL DÍA la regidora güimarera, quien aseguró estar "muy tranquila" y haber trasladado a la jueza la documentación por la que lo tiene "todo justificado".

La alcaldesa aseguró que el procedimiento de levantamiento de reparos, "que ampara la ley", se cumplimentó debidamente "y afecta a obras de mantenimiento, básicamente. "Jamás y nunca un habilitado nacional nos dijo que estuviéramos incurriendo en prevaricación por levantar cualquier reparo. De hecho, se paralizaron expedientes cuando hubo reparos suspensivos", afirmó.

"Me asombra que los reparos de mayor cuantía que levanto no formen parte de este procedimiento", que son los relativos a los servicios concesionados de recogida de residuos y agua. "Aportamos un documento con toda la relación de contrataciones que hemos hecho desde el año 2013, que accedí a la Alcaldía a través de una moción de censura. Desde entonces, estamos sujetos a un control del gasto tremendo".

Después de su comparecencia de ayer ante la jueza, Carmen Luisa Castro tiene muy claro que si concluyen que lo hecho requiere inhabilitarla, "pues adiós. Me voy para mi casa tranquilamente y que otros sigan gestionando. No sirvo para estar sentada en un sillón y cobrando un sueldo esperando solo a que los técnicos hagan lo suyo, cuando hay que pagar agua, luz, basura... Ya veremos en qué termina todo esto".

Verónica Jorge, que también declaró ayer como investigada, no realizó declaración alguna al respecto, siendo infructuosos los intentos de obtener un pronunciamiento de Sixto Alfonso, que aparece en el caso por su labor como concejal gobernante en el mandato anterior.

Airam Puerta declaró como denunciante

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Airam Puerta, fue el primero en declarar ayer ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar. Lo hizo en calidad de denunciante, ratificando los términos de la misma y respaldando las conclusiones de la Fiscalía. El concejal aclaró que la denuncia fue firmada "por todos los concejales de la oposición", por lo que pidió que fueran llamados a declarar. Ahí se incluiría a Sí se Puede.

"Una práctica generalizada, al parecer"

Para el fiscal José Ramón Jurado, se percibe "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación administrativa", así como "múltiples vulneraciones a la legislación en materia de contratación pública" y "una práctica, al parecer generalizada, de elusión, en materia de obras públicas, de los procedimientos de licitación aplicables mediante la vía del fraccionamiento" y "se concierta una obra sin los informes preceptivos de otras instituciones públicas competentes".