El Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), "sigue cumpliendo con las medidas cautelares" que adoptó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife para legalizar, de forma definitiva, los vertidos que se producen en el Polígono Industrial Valle de Güímar.

El Ciatf "ha seguido el mandato judicial" tomando todas las medidas administrativas para lograr la autorización del vertido. En este proceso se han llevado a cabo analíticas, que continuarán en los próximos meses, para garantizar el buen estado de las aguas del litoral de esta comarca, "obteniendo valores satisfactorios".

Así lo afirmó ayer el Consejo Insular de Aguas de Tenerife a través de un comunicado oficial, el mismo en el que el Ciatf "anima a las demás administraciones que el Juzgado enumera a que den respuesta satisfactoria a las demandas del juez, para que así todas las instituciones cumplan con el objetivo final, que es garantizar el saneamiento de este polígono industrial para dar continuidad a la actividad industrial que da empleo a más de 2.000 trabajadores" (hasta unos 3.000 distribuidos en 250 empresas, según se refleja en el auto judicial).

Además del convenio ya firmado con los tres ayuntamientos con competencias en el polígono (Arafo, Candelaria y Güímar) para legalizar la autorización de los vertidos y la ocupación necesaria del dominio público marítimo-terrestre, el Ciatf asegura que ha presentado un plan de etapas ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias -organismo responsable de la legalización del emisario y de los vertidos- que plantea tres escenarios: el actual, uno intermedio -donde entrarían en funcionamiento los tamices pendientes de implementación- y el final, "que el Ciatf, en su compromiso para la resolución definitiva del problema, ya ha iniciado con el trámite de información pública para la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari)".

Con respecto a la financiación de la Edari, el Cabildo -a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife- "está abierto para negociar un convenio con los ayuntamientos de Arafo, Candelaria y Güímar y así dar cumplida cuenta, en un tiempo récord, con las demandas de la población que depende directamente de la actividad del polígono". En el comunicado se especifica que para ello, desde el Cabildo se espera que la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) del Polígono Industrial Valle de Güímar, por parte de todas las administraciones, sea el marco que gestione todo lo relacionado con la actividad de esta zona industrial del Sureste de la Isla.

El Ciatf muestra su convencimiento de que "el trabajo continuo de colaboración entre las instituciones competentes es la vía para dar salida a un problema que se originó en 2011 y para el que se dispone de las herramientas necesarias para superarlo, que es el principal objetivo de la actuación del Cabildo Insular".

El Polígono Industrial Valle de Güímar ocupa una superficie total de 2.091.257 metros cuadrados, de los que 1.167.102 metros cuadrados es suelo que alberga 260 parcelas industriales. El mismo pertenece y está asumido por los municipios de Candelaria, con 358.814 metros cuadrados (17,72%); Arafo, que suma 1.072.827 metros cuadrados (52,98%), y Güímar, que gestiona 593.358 metros cuadrados (29,30%).

Desde el año 2011, los vertidos al mar procedentes de este espacio incurren en ilegalidad y el juez otorgó nueve meses (expiraron el martes) para arreglar el problema.