El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arona condenó al ayuntamiento al pago del alquiler del inmueble que albergó el centro de salud de Valle San Lorenzo desde el mes de agosto de 2008 hasta la actualidad. El juez José Pablo Carrera considera probado que el gobierno municipal de la época, formado por la mayoría absoluta de Coalición Canaria (CC), desalojó los locales que tenía arrendados, pero no los devolvió al no haber entregado las llaves a sus titulares.

La edificación objeto del litigio se encuentra en la calle Llano Mora, de Valle San Lorenzo, y el primer contrato entre las partes data de 1990, siendo empleado entonces como centro médico de la localidad. En abril de ese mismo año, la tercera planta fue contratada por el Patronato Municipal de Servicios Sociales y, en diciembre de 1994, la Administración local arrienda un local del inmueble para su uso como aula y dependencias escolares.

En la sentencia consta que los titulares de las instalaciones autorizaban al Ayuntamiento de Arona a realizar cuantas obras e intervenciones fueran necesarias en el inmueble para su adaptación al uso al que se destinaba cada una de las partes alquiladas.

El 18 de agosto de 2008, siendo alcalde de Arona el ahora condenado José Alberto González Reverón y María Candelaria Padrón la concejala de Hacienda, el gobierno local emitió la resolución por la que comunicaba a los arrendadores "que el ayuntamiento procedería al desalojo".

Desde entonces, el juez considera probado que los dueños del inmueble trataron infructuosamente de recuperar las llaves del mismo, al tiempo que reclamaban la restitución de la posesión del inmueble en su estado original.

El juez hace referencia expresa en la sentencia a la declaración de la entonces concejala de Hacienda, Candelaria Padrón (CC), señalando que la misma aseguró haber visitado el inmueble junto a una representación de la propiedad y que ésta le trasladó las condiciones en que debía ser devuelto el lugar. La propia edil declaró que nadie pudo certificar cuál era la situación anterior del inmueble.

La sentencia, por la que el Ayuntamiento de Arona aún desconoce la cantidad exacta que tendrá que pagar, es contundente al exponer que "el ayuntamiento no hizo nada para devolver la posesión", afirmando que "el expediente administrativo se ha peloteado entre la sección de Contratos y Servicios Públicos y la Concejalía de Economía y Hacienda". La sentencia es recurrible.