"Lo que la ATI de los años 80 no consiguió, por la oposición del PSOE de Granadilla, esto es, entregar gratuitamente al Cabildo de Tenerife el Polígono Industrial, lo supera José Domingo Regalado este año 2017". Lo asegura el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Rodríguez Bello, quien informó de que el grupo de gobierno actual renunció a todos los derechos que el municipio tiene sobre la explotación de dos parques eólicos, medida que Jacobo Pérez, su homólogo en CC, defiende en base a los informes que reflejan la viabilidad incierta de los mismos.

En el año 2016, la Dirección General de Industria recibió la autorización estatal para dos parques eólicos que se ubicarían en suelo granadillero, con los nombres de "La Roca" y "Arete". Estaba previsto que el desarrollo de ambos parques fuera la consecuencia de la inversión de la Sociedad del Polígono Industrial de Granadilla, el ITER y la empresa Grasur, participada al cien por cien por el Ayuntamiento de Granadilla. "No obstante, y a pesar de contar con las autorizaciones necesarias para culminar dicha inversión, el gobierno de Regalado renunció a todos sus derechos sobre la misma. Renuncia que se formula en el marco de una supuesta baja rentabilidad de los parques".

Juan Rodríguez Bello manifiesta que, "a pesar del duro trabajo del Grupo Socialista para lograr la autorización de sendos parques eólicos en el municipio, de los que el Ayuntamiento de Granadilla ostentaba la titularidad del 35 %, el regidor ha transmitido gratuitamente todos los derechos de Granadilla de Abona en favor del Cabildo insular de Tenerife". Para el concejal del PSOE, "esta irresponsable cesión hipoteca el futuro de los granadilleros, haciendo perder a los vecinos del municipio más de 60 millones de euros en los próximos años, según resulta de los propios informes técnicos emitidos por el Instituto Técnico de Energías Renovables (ITER).

En palabras del portavoz socialista, Juan Rodríguez Bello, "es cuanto menos sospechoso que el motivo de la cesión sea la posible baja rentabilidad de los parques, cuando el Cabildo Insular, a través del ITER, pretende seguir adelante con su ejecución. No obstante, y aun a pesar de que el retorno de la inversión no fuera el esperado, el Ayuntamiento de Granadilla tiene la obligación de apostar por las energías renovables en el camino de un cambio de modelo energético más que necesario, desde un punto de vista medioambiental."

Para el partido mayoritario de la oposición granadillera, "además de renunciar a unos ingresos estables de unos tres millones de euros anuales para el Ayuntamiento de Granadilla", la medida adoptada por la empresa pública Grasur con el paraguas del gobierno municipal "supone abandonar una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo de municipio sostenible".

Según Rodríguez Bello, lo que está ocurriendo con los parques eólicos "La Roca" y "Arete" viene a ser "una muestra más de la sumisión de José Domingo Regalado a su jefe de filas, Carlos Alonso, anteponiendo para ello los intereses de la ATI más retrógrada a los de los vecinos de Granadilla de Abona".

El consejo de administración de Grasur acordó, con cuatro votos a favor (2 de Coalición Canaria, 1 del Partido Popular y 1 del secretario del ayuntamiento), una abstención (PSOE) y un voto en contra (IU), que fuera el ITER quien construya los dos parques eólicos y que asuma todos los gastos.

De 200.000 a 350.000

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de Grasur, apuesta por construir los parques eólicos del Polígono Industrial y mantener el 4,5% de los ingresos generados por la venta de energía (que oscilan entre 200.000 y 350.000 euros anuales) a sufragar iniciativas de naturaleza energética, medioambiental y social. Los parques "Areté" y "La Roca" fueron asignados a la Agrupación de Interés Económico formada por Polígono Industrial de Granadilla (35%), ITER (30%) y Grasur (35%) en 2009.

De viabilidad incierta

Jacobo Pérez, portavoz del gobierno local, explicó que transcurrido este tiempo sin comenzar su construcción, "la viabilidad del proyecto se ha manifestado como incierta. Tal es así, que el Ministerio de Hacienda instó al Cabildo a la no continuidad de la AIE, según la Ley 7/1985, de 2 de abril. Además, uno de los socios, Polígono Industrial de Granadilla, acordó el 27 de julio abandonar la AIE y traspasar sus derechos al ITER. Todo ello, unido al cambio de legislación durante el proceso, dificultades técnicas, carencia de todos los permisos pertinentes e, incluso, la falta de la subestación necesaria -debe de estar operativa en noviembre de 2018-, hacían peligrar la continuidad de los parques".

Inversión irrecuperable

Para el concejal de Hacienda, Jacobo Pérez, la decisión de Grasur es "la más coherente y beneficiosa para los intereses de los granadilleros. Los informes técnicos manifestaban que el municipio nunca iba a recuperar la inversión que se debía hacer para realizar los parques; por lo tanto, seguir en la AIE iba en contra del interés general". Recuerda que los parques los hará "quien tiene como objeto social impulsar nuevas tecnologías, el ITER". Además, "Granadilla se asegura el 4,5 % de los ingresos generados por la venta de energía para sufragar iniciativas de naturaleza energética, medioambiental y social, ingresos que pueden oscilar entre los 200.000 y los 350.000 euros anuales. Lejos de hipotecar el municipio para los próximos años, hemos conseguido bajar nuestra deuda que posibilitará más inversión para los ejercicios siguientes y obtener unos ingresos bastante importantes, sin ningún tipo de riesgo".