Los vecinos de Bajo la Cuesta reanudaron las protestas ante la Casa Consistorial de Candelaria por entender que el gobierno municipal incurre en "pasividad y el silencio más absoluto" respecto a los trabajos de la primera fase de la protección y estabilización del talud de Bajo La Cuesta.

Se basan en que la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre -órgano dependiente de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar- otorgó al ayuntamiento la concesión de dominio público del acantilado el pasado 12 de julio y en que, hasta la fecha, los trabajos necesarios que permitirían la vuelta a sus casas de los habitantes de 16 viviendas "no avanzan".

Ese documento era necesario para que la propiedad del primer tramo del talud, la compañía Endesa, pudiera completar la obra de estabilización del acantilado. La empresa aún no ha culminado la tarea. De hecho, fuentes autorizadas del gobierno municipal explicaron ayer que "el ayuntamiento está a la espera de que Endesa finalice las obras en su parcela y en la parte de la concesión". La compañía ha asumido en todo momento su compromiso con la realización de esta obra llegando a reservar dinero para el pago de alquileres a los afectados.

Sin embargo, entre los vecinos crece la inquietud y el malestar porque, a punto de cumplirse el primer aniversario (el próximo día 27) del desalojo al que se vieron obligados, "casi cuatro meses después de contar con la autorización, no se ha hecho casi absolutamente nada".

Desde la oposición municipal, Vecinos por Candelaria anuncia que "pediremos responsabilidades ante el sufrimiento vecinal y solicitaremos, una vez más, que se actúe y termine con este trato inhumano que ya lleva un año".

El gobierno municipal mantiene que está a la espera de la finalización de la obra que se encuentra en curso, si aventurar fecha para ello. Se espera que en ese momento, retornen a sus hogares las primeras 16 familias de Bajo la Cuesta. "El problema está en el tramo más grande del talud, que es el que pertenece a Dani Ran", una empresa a la que el Ayuntamiento de Candelaria tendrá que cobrar subsidiariamente la rehabilitación del acantilado.