La constatación de que el emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar carece de cualquier intervención de mantenimiento, el grave estado de deterioro de las instalaciones como consecuencia de actos vandálicos y la inoperatividad de los elementos de filtrado y de cloración fueron las consecuencias fundamentales de la inspección ocular realizada ayer al centro de cabecera de este equipamiento básico y esencial de la zona industrial del Sureste de la Isla.

Tal inspección fue ordenada por el Juzgado de Instrucción número uno de Güímar, que tiene abiertas diligencias previas contra los tres ayuntamientos de la comarca (Candelaria, Arafo y Güímar) por los vertidos ilegales al mar desde el Polígono Industrial. Asistieron la secretaria judicial, efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), el secretario municipal y el concejal de Urbanismo de la Villa Mariana, Octavio Fernández y Fernando Alduán, respectivamente; el edil de Urbanismo arafero, Luis Domingo Marrero, y la secretaria güimarera, Marisa Santos.

El Juzgado está a la espera de conocer el resultado de las muestras de agua obtenidas en el emisario a fin de determinar el grado de contaminación de la misma, toda vez que el emisario está en uso, a pesar de que el agua que recibe no ha sido tratada por depuradora alguna previamente, tal y como establece la directiva europea desde el año 2011. El propio emisario carece de tal equipamiento y la depuradora comarcal, emplazada en el margen superior de la autopista (TF-1), está pendiente de una obra de reparación y acondicionamiento para su puesta en funcionamiento, actuación que se encuentra en licitación.

Ayer, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, se mostró convencida de que el Polígono Industrial Valle de Güímar mantendrá su actividad y recordó que "quien tiene las competencias del control, vigilancia y, sobre todo, de la depuración del agua es el Consejo Insular de Aguas (Ciatf)".

Los tres ayuntamientos contratarán, por la vía de urgencia, las actuaciones de seguridad que se precisan en las instalaciones de cabecera del emisario, una intervención cuyo coste será de unos 200.000 euros.