La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona emitió un auto el pasado día 7 declarando abierto el juicio oral contra Juan Gorrín, alcalde de Santiago del Teide; Celso González y José Javier Rodríguez, arquitectos técnicos municipales, y Carlos González, jefe de Servicio Provincial de la Demarcación de Costas, cuando, sobre las 15:00 horas del 1 de noviembre de 2009, fallecieron Marion Avril O''Hara y María Vanesa Arias Romera en la playa de Los Guíos (Los Gigantes) por el desprendimiento de un gran volumen de arena y piedras.
La magistrada María de los Ángeles Antón impuso fianza a las entidades aseguradoras del Ayuntamiento de Santiago del Teide y de la Demarcación de Costas para garantizar el pago de 273.000 euros a la familia de la británica fallecida y 96.101,05 y 17.472,92 euros para familiares de Vanesa Arias.
Por su parte, la Fiscalía Provincial ciñe su acusación por lo ocurrido en la playa de Los Guíos hace casi siete años y medio al entonces alcalde, Juan Damián Gorrín, al que pide tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años por el presunto delito de homicidio imprudente, además de otros nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el supuesto delito de prevaricación administrativa.
A juicio de la fiscal Náyade Remón, el exalcalde santiagués incurrió en dos delitos de homicidio imprudente y otro de prevaricación administrativa como consecuencia de su actuación previa al suceso que dio lugar al fallecimiento de dos mujeres "por sepultamiento, además de por politraumatismos en el caso de Marion Avril".
Sin embargo, discrepa de la jueza y pide el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a los imputados Carlos González y Celso González "por no haber quedado suficientemente acreditada su participación en los hechos".
Cabe recordar que sobre las 18:20 horas del 2 de octubre de 2009 se produjo un primer desprendimiento, sin víctimas ni heridos, en el acantilado de la playa de Los Guíos. A partir de ahí se elaboraron dos informes "donde se advertía del peligro inminente de que se repitieran nuevos desprendimientos", según la Fiscalía. Tras una inspección municipal, el técnico recomendó tres días después "el inmediato desalojo de la zona y la inmediata adopción de las medidas necesarias para impedir al acceso de las personas".
Otra inspección, realizada el 27 de octubre de 2009, permitió a los técnicos constatar "el riesgo de que la pared del acantilado pudiese caer en cualquier momento". La Fiscalía asegura que el alcalde tenía conocimiento de todo ello pero "no dictó resolución alguna ordenando el cierre de la playa, como tampoco vigilar la zona y colocar carteles que avisaran de su peligro". El 1 de noviembre de 2009 se produjo el derrumbe en Los Guíos y dos mujeres que accedieron a la zona fallecieron.