La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, recordó ayer que restan nueve meses para que se cumpla la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a los empresarios que extrajeron árido de los barrancos a su restauración, en base a un plan que deberán elaborar las administraciones competentes. "No me voy a quedar de brazos cruzados y emprenderé las acciones a las que me ampara la ley contra toda aquella administración que impida que se cumpla esa sentencia", apuntó.

Castro sigue estupefacta porque "ningún grupo parlamentario, ni el de mi propio partido, haya aceptado admitir a trámite la proposición de ley sobre ordenación de los barrancos de Güímar y restauración de ese espacio". Señala que en la tramitación "tenían tiempo para pararla. Se escudan en informes que hablan de posibles indemnizaciones a los areneros, pero ni los condenados quieren indemnizaciones porque se les daría otra oportunidad económica, pero estos parlamentarios desconocen la realidad".

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, incidió ayer en que la decisión del Parlamento de Canarias mantiene la posibilidad de continuar con excavaciones en el mismo espacio y "evita que Güímar obtenga otras actividades y desarrollo económico".

Alonso vaticinó que el problema "se va a agravar con la presión que hay por la escasez de árido en la Isla y la posibilidad de obtener material en ese espacio de una manera relativamente fácil. Lo único que tiene que haber es capacidad económica y técnica para que los propietarios empiecen a solicitar de nuevo la explotación minera".

Acusó al Parlamento de "volver a mirar para otro lado. Han triunfado porque han visto que era una manera de darle una patada al Gobierno en el trasero del Cabildo y de Carlos Alonso. Y a partir de ahora, ¿qué?", sostuvo.

Desde CC en Güímar (coaligado en el gobierno municipal con el PP), su portavoz, Gustavo Pérez, dijo no entender "la pasividad ante un problema. Si el Parlamento no está a favor de la propuesta trabajada de forma unánime por el Cabildo, ¿dónde está la alternativa? Que se trabaje en una solución consensuada es lo mínimo que se le puede exigir a la Cámara".