Ante las sanciones que reciben los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar por vertidos ilegales al mar a través del emisario del Polígono Industrial Valle de Güímar, el gobierno local de la Villa Mariana plantea su cierre. Desde las administraciones vecinas se recuerda que tal medida no puede ser adoptada unilateralmente toda vez que la competencia en esta zona de la comarca es de los tres municipios, con el agravante de que el emisario está emplazado en suelo adscrito a Arafo.
De producirse el cierre del emisario, "las empresas del Polígono Industrial Valle de Güímar tendrían que cerrar", explica la vicesecretaria del Ayuntamiento de Güímar, María Isabel Santos, para quien "urge legalizar el vertido y la concesión de ocupación del emisario".
Se da la circunstancia de que los tres ayuntamientos "no se ponen de acuerdo" en la fórmula a emplear para ello ya que barajan hacerlo entre los tres municipios, acometerlo con cargo a la Asociación Mixta de Compensación o pedirle al Cabildo que se haga cargo de todo, a través del Consejo Insular, ya que en el Plan Hidrológico este emisario figura como afluente de la futura depuradora comarcal.
Hasta el momento, lo único que tienen contratado actualmente los ayuntamientos del Valle de Güímar es una analítica para determinar el alcance de lo que se vierte a través del emisario del Polígono Industrial. Además, las corporaciones locales han hecho una solicitud para realizar vertidos, "pero el proyecto está aún sin hacer y sin saber quién se encarga de ello".
Cabe recordar que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha incoado un expediente sancionador a los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar "como presuntos responsables directos y solidarios" de un vertido no autorizado al mar a través del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar. La sanción asciende a 30.000 euros. El hecho que motiva la multa a las corporaciones municipales data del 30 de marzo de 2015, cuando el Servicio Provincial de Costas denunció en la Apmun.
La Asociación Mixta
La Asociación Mixta de Compensación, formada por Caixa, Cabildo y Sepes (del Ministerio de Fomento), pidió su extinción una vez entregado el Polígono en 2013. Güímar propone rechazar tal disolución porque la asociación "omitió en qué condiciones se encontraba el emisario cuando lo entregó e incumplió la norma vigente en julio de 2011, cuando expiró la autorización de vertidos y de ocupación del dominio". La Asociación Mixta no dijo qué problemas impedían esa renovación, cuando Costas lo ciñó a incumplir el Plan de Vigilancia y Control del emisario. "Nos encontramos con que hay un vicio oculto del que es responsable la Asociación Mixta".