La oposición sigue mostrándose unida en Candelaria. Esta vez para afirmar que la caducidad del expediente de revisión de oficio de las licencias de obra y de reforma de la casa del exalcalde, José Gumersindo García, fue un hecho intencionado. Ayer, el gobierno municipal y la instructora del expediente, la vicesecretaria Yolanda Navarro, lo negaron reiteradamente.
Navarro, que actuó de secretaria accidental del Pleno por estar recusado el titular en este asunto, explicó su trabajo (consta de casi 100 folios) manifestando que las licencias no cumplían el planeamiento de cada momento, siendo "nulas de pleno derecho".
La vicesecretaria fue insistente en responsabilizar al titular de la Secretaría, Octavio Fernández, de demorar la tramitación inicial del expediente desde que el Pleno aprobó incoarlo hasta que "encuentro en mi mesa los documentos originales", casi un mes después. Incurrió en "faltas flagrantes", dijo.
Aunque la alcaldesa afirmó que el gobierno local abrirá un nuevo expediente de revisión de oficio, pero cuando el Consejo Consultivo de Canarias informe sobre el órgano al que compete hacerlo (la vicesecretaria sembró la duda al manifestar que el Pleno no tiene tal potestad, si bien el exalcalde la retiró para sí durante el mandato pasado), PSOE y CC rechazaron la propuesta de Sí se Puede de recabar responsabilidades políticas ("no compartimos que las haya", dijo la regidora) y técnicas ("ya se dilucidarán") por dejar caducar un expediente "complejo, largo y confuso", según el concejal de Urbanismo, Fernando Alduán.
Juan Miguel Olivera (PP), Mayca Coello (SsP) y José Fernando Gómez (VxC) resaltaron el hecho de que la instructora del expediente rechazara incluir, a petición del exalcalde, el informe del perito judicial incorporado al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número Uno de Güímar sobre la legalidad o no de las licencias de esta vivienda.
Basándose en el expediente que elaboró la vicesecretaria, Mayca Coello aclaró que "se otorgaron licencias" estando suspendida su concesión y criticó que la instructora ciñera a la parte expositiva la nulidad de pleno derecho de las licencias y la naturaleza muy grave de la infracción, resolviendo "que no procede la revisión de oficio debido a que las causas que la originan prescribieron".