La alcaldesa, Elena Fumero (CC), y los concejales Juan José Armas, Pedro González, Dácil Cano (CCN) y Andrés Martínez (PP) denunciaron al Ayuntamiento de Arico el 23 de noviembre pasado, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, solicitando la nulidad del acuerdo plenario por el que les redujeron el sueldo, su suspensión cautelar y la devolución del salario dejado de percibir.

El 29 de septiembre, el Pleno de Arico aprobó una moción urgente presentada por el PSOE por el que a los denunciantes, que forman el gobierno municipal, les redujeron el 45% de sus emolumentos y se suprimió la remuneración al personal eventual a partir del pasado octubre. El acuerdo estipuló que con el dinero ahorrado se crearía un fondo social destinado al desarrollo de políticas activas de empleo y al Servicio de Ayuda a Domicilio.

Esta propuesta de la socialista Olivia Delgado contó con el apoyo de los cinco concejales del PSOE, el edil de Sí se Puede y el de Ramón Desiderio Martín, hasta entonces integrante del gobierno municipal y de CC. Votaron en contra la alcaldesa, el CCN (3) y los ediles del PP (2) -uno de ellos, Daniel Morales, no estaba liberado-.

La medida redujo el coste anual de personal de los órganos de gobierno en 106.470,79 euros, pasando de 236.601,75 euros a 130.130,96 euros.

La alcaldesa, Elena Fumero, vio reducido su jornal de 3.000 euros mensuales a 1.650 euros; Juan José Armas (CCN), de 2.785,71 a 1.532,14 euros, lo mismo que Andrés Martínez (PP); Pedro González (CCN) cobraba 2.089,29 euros y pasó a percibir 1.149,11 euros, lo mismo que su compañera de partido Dácil Cano. Todos ellos, además, ganan dos pagas extraordinarias por el mismo importe que el sueldo mensual.

La alcaldesa, Elena Fumero, suponía un coste de 42.000 euros al año para las arcas del Ayuntamiento de Arico en concepto de sueldo, siendo de 39.000 y 29.250 para los otros dos grupos de concejales. Con la aplicación del acuerdo plenario que les redujo el 45% del salario, ese coste bajó a los 23.100, 21.450 y 16.087,50 euros respectivamente.

El 25 de noviembre, la Administración ariquera recibió un oficio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz solicitando la copia del expediente objeto de la demanda de la alcaldesa y ediles, otorgando 10 días de plazo al consistorio para que exponga lo que estime procedente sobre la solicitud de la medida cautelar de suspensión del acuerdo plenario.