La Fiscalía mantuvo ayer la acusación de prevaricación contra el exalcalde de Candelaria José Gumersindo García y el exconcejal de Urbanismo Domingo Ramos, acusándolos de haber incumplido la legislación vigente en materia de contratación al dividir en tres presupuestos la construcción de un vestuario, la reforma de otro y la mejora en el campo de Barranco Hondo. El importe presupuestado para esta obra ascendió a 98.077 euros, divididos en 52.559,56 euros, 20.011,16 euros y 16.460,96 euros. Pidieron propuestas a tres empresas y la adjudicaron a PPL, empresa que ya realizaba en el mismo recinto la colocación del césped artificial, obra licitada con anterioridad por unos 750.000 euros.
PPL pasó facturas por 324.704,95 euros, reparadas por Intervención. La Oficina Técnica valoró lo hecho en 243.877,70 euros. Al final, el ayuntamiento pagó 240.145,42 euros. La empresa presentó las 12 facturas en 2005 y fueron incluidas en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en el año 2009.
En el juicio celebrado ayer, producto de la denuncia que presentó ante la Fiscalía el entonces concejal de CC Pedro Méndez Montesinos, el alcalde aseguró no haber tenido participación en el proceso de adjudicación de la obra y conoció las irregularidades que se produjeron cuando se tramitó el pago en 2009. Desconocía quién ordenó la contratación de la obra. "A mí no me lo pasaron a la firma", dijo. "No le puedo responder si se hizo una obra sin que nadie lo autorizara", señaló.
Domingo Ramos declaró que detectó que la obra no fue debidamente contratada cuando empiezan a liquidar las facturas. Señaló insistentemente que ese proceso le corresponde al área de Contratación y que no se produjo fraccionamiento alguno del presupuesto de la obra, sino que "era un contrato con tres capítulos". Ramos fue rotundo: "Es evidente que no se hizo correctamente". El exconcejal entendía que se trataba de la modificación de un proyecto y reconoció que "no caímos en pedir informe a la secretaria".
"No han sacado provecho de esto"
"Los acusados no han sacado provecho de esto", dijo en sus conclusiones el fiscal, Jaime Serrano-Jóver, quien incidió en que el exalcalde y el exconcejal fueron juzgados porque en este expediente se incurrió en fraccionamiento, ausencia de suficiencia de crédito, falta de informes previos, no hubo mesa de contratación, no acta de recepción y se trataba de tres obras al mismo tiempo y en el mismo sitio. Los testigos (la secretaria de entonces, el secretario actual, el interventor, el denunciante, la técnico que llevó el expediente y un trabajador de PPL -renunciaron a que declarara Antonio Plasencia, el dueño de la empresa-) coincidieron en que debió convocarse concurso y no utilizar el de negociado. La defensa pidió la absolución y el exalcalde dijo que trabajó los 14 años como regidor en beneficio del municipio.