Actualmente, y tras "enterrar" 1,8 millones de euros en realizar el desmonte y las bases, los empresarios José Ramón Ansorena Ormazábal y José Ramón Ansorena Carrera están "en la ruina total" y sin licencia de obra porque el ayuntamiento la anuló indebidamente, al parecer, en 2012. Desde el año 2000 iniciaron los trámites para construir 206 viviendas en una parcela de Costa del Silencio de suelo urbano consolidado y uso turístico. Nunca obtuvieron licencia para ello (solo para edificar 100, al amparo de una ley regional promulgada en 2004), pero en solares de similar categoría cercanos al de ellos, otra constructora levantó 965 viviendas (410 en una parcela de uso social y comercial).

Todo ello lo declararon ambos ayer en sus interrogatorios como testigos, que en el caso de Ansorena Carrera (el hijo) duró más de dos horas,21 minutos. Ambos señalaron al acusado Arsenio Zamora como el supuesto intermediario y extorsionador y a quien entregaron dos millones y medio de pesetas, en total, para acelerar la concesión de la licencia y para elaborar un informe jurídico a tal fin. También le culpan de pedir 22,5 millones para obtener la licencia y la misma cantidad en el momento de disponer de ella. "Nos denegaron la licencia porque no pusimos los 45 millones".

Según declararon y argumentaron, aludiendo a la grabación de una conversación entre Ansorena Carrera y Zamora, el presunto intermediario fue designado tal por el entonces (2001) concejal de Urbanismo, Félix Sierra.

Padre e hijo aseguraron al tribunal que el arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, le pidió al primero seis millones de pesetas por la licencia de obra.

No denunciaron la presunta extorsión porque el objetivo de los Ansorena era realizar la obra para evitar la ruina. Ansorena Carrera grabó la conversación con Zamora el 10 de julio de 2002 porque el segundo pidió los 45 millones de pesetas por la licencia, por primera vez, a Ansorena Ormazábal en la gasolinera de Llano Azul.

La licencia que finalmente obtuvieron para su empresa, Proguito, fue la que solicitaron el 9 de septiembre de 2005 para construir 100 viviendas de un mínimo de 100 metros cuadrados. No hicieron la obra porque no le concedieron el crédito para ello.