En el momento de la suspensión de la primera sesión del juicio contra los extractores de áridos de los barrancos de Güímar, el presidente de la Sala, el magistrado Joaquín Luis Astor Landete, recordó que el 6 de junio de 2008 emitieron un auto en el que se advierte "de forma indiciaria" de la existencia de delitos penales en tal actividad, suspendiendo el sobreseimiento de la causa que motivó dicho auto.
Astor Landete está acompañado por Fernando Paredes Sánchez, como ponente, y por Jaime Requena Juliani en el juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
El origen del caso data del 25 de marzo de 1995, pero no fue admitida a trámite hasta más de once años después, en mayo de 2015.
En 1997 fue cuando la entonces alcaldesa, Vicenta Díaz, decretó el cierre y precinto de cuatro de esas canteras. El recurso de los empresarios fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Dos años después (noviembre de 1999), autoridades y vecinos cerraron temporalmente los accesos a las extracciones hasta que las partes llegaron a un acuerdo y se desbloqueó la situación. Pero el cierre llegó en abril de 2008, es decir, 11 años después de que lo determinara Vicenta Díaz.
En 2000 ya había sentencias firmes que calificaban las areneras de ilegales.