La caducidad de 17 licencias en vigor para la construcción de 76 chalés en la localidad de La Escalona (Vilaflor), tal y como recoge el informe jurídico solicitado para concluir el tramo final previo a la aprobación total del Plan General de Ordenación (PGO), deja en manos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) la solución a un problema municipal que agravó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El Ayuntamiento de Vilaflor concedió, el 17 de enero de 2006, licencia de obra a la constructora Promociones Tenarona, S.L. para que procediera a construir 76 chalés pareados en el Camino Real, en La Escalona. El 20 de mayo de 2008, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife anuló la licencia por vulnerar la altura máxima permitida y porque parte de la parcela es suelo rústico potencialmente productivo.

El juez de este tribunal señaló la existencia de "informes preceptivos de carácter técnico y jurídico desfavorables a la concesión de la licencia". Asimismo, aludió a que el hecho de que tales informes no fueran revocados por el regidor "pudiera determinar, en su caso, la responsabilidad del citado alcalde". Su señoría, asimismo, expuso que "no alcanza a entenderse cómo se concede la licencia sin tan siquiera motivar en la resolución recurrida las razones determinantes del no acogimiento de las citadas objeciones (los informes técnicos y jurídicos)".

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ratificó dicha sentencia el 13 de julio de 2009. El 2 de noviembre de 2010, el juez ordenó al Ayuntamiento de Vilaflor la ejecución de la misma, reiterando esta diligencia hace dos años y medio. A pesar de ello, las 27 viviendas construidas de las 76 autorizadas siguen en pie, aunque en estado de deterioro.

Como consecuencia de la decisión judicial señalada, la constructora procedió a demandar a la Corporación municipal chasnera por daños y perjuicios, solicitando el abono de unos 14 millones de euros, cifra en la que cuantificó las pérdidas producidas por la ilegalidad de la licencia de obras otorgada por el gobierno local. El TSJC determinó que ha lugar al pago de una indemnización, aunque no determinó el importe.

Las 27 viviendas construidas ocupan un 43% siendo el máximo permitido del 25%. El suelo rústico potencialmente productivo en el que está emplazada parte de los chalés pareados no dispone de la preceptiva calificación territorial, según aclaró el juez en su sentencia.

Esto ocurrió siendo alcalde de Vilaflor Manuel Fumero, quien siempre defendió que "lo único que hay ilegal en la zona son unos muros de cerramiento, que se han construido en suelo rústico, pero con el fin de ensanchar las calles, pasando de 8 a 12 metros, pero que con el Plan General quedarían como suelos urbanos". El gobierno municipal actual no ha resuelto esta situación aún.

Un asunto heredado

Este es uno de los asuntos "delicados" heredado por el gobierno municipal que forman PSOE y CC y que lidera la socialista Agustina Beltrán Cano. "Se está estudiando la posibilidad de hacer un proyecto de legalización por parte de la Administración, ya que el promotor no lo ha querido elaborar", aseguró el ahora exalcalde de Vilaflor, Manuel Fumero, el pasado mes de febrero. En todo momento se mostró convencido de haber actuado dentro de la legalidad y de que es posible una solución. "No queremos que ahí se nos quede esa situación", concluyó el exregidor chasnero.

SsP sigue atento

Sí se Puede (SsP) sospechó de una presunta dilación intencionada en el cumplimiento de la sentencia. Su portavoz municipal, José Luis Fumero, aseguró que el último auto "admite la demolición parcial de estos chalets, ya que una parte puede ajustarse a la normativa urbanística vigente".