Rosa Castellano, administradora única de La Vieja Cañada Verde, denuncia ante la Fiscalía el cierre de su restaurante el pasado 25 de marzo por encontrarse en suelo categorizado como rústico de protección agrícola intensivo (según el Plan General de Ordenación, anulado por el Tribunal Supremo), si bien dispone de la correspondiente calificación territorial. La medida fue adoptada por el gobierno municipal anterior, que cerró el expediente el 11 de junio (dos días antes de la toma de posesión de la nueva corporación y de cambio de grupo de gobierno) "vulnerando la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
Así consta en la denuncia, también remitida al Ayuntamiento de Arona, administración a la que solicita la declaración de oficio de nulidad de este expediente por tal motivo.
El restaurante en cuestión, emplazado en el lugar denominado Fondos de Cho, ocupa 127,49 metros cuadrados de una edificación de 596 metros cuadrados que data de finales del siglo XIX o principio del XX. Se da la circunstancia de que el 11 de junio de 2013, la Unidad Orgánica de Suelo Rústico del Servicio Administrativo de Planeamiento resolvió otorgar la calificación territorial a Rosa Castellano para "la legalización de una rehabilitación en una edificación para destinarla a los usos de restaurante y uso residencial".
El anterior gobierno municipal tardó un año y casi dos meses en responder a la empresaria su comunicación previa para la instalación e inicio de la actividad clasificada como restaurante. En marzo de este año declaró "la imposibilidad" de mantener esa actividad porque el planeamiento vigente entonces (según el grupo de gobierno del momento) no la permitía en ese suelo. Por ello, también decretó "el cierre del establecimiento y la prohibición" de habilitar un restaurante. Todo ello, aún disponiendo la instalación de la calificación territorial.
En estos términos está formulada la denuncia ante la Fiscalía, en la que también se incluye lo ocurrido con otros cinco establecimientos igualmente emplazados en suelo rústico de protección agrícola intensivo. De la exposición de dos expedientes concretos, la denunciante desprende que la actuación del gobierno municipal anterior, esencialmente de la Concejalía de Urbanismo, actuó "con condescendencia evidente y al dictado de los interesados". De hecho, algunos de ellos continúan desarrollando la actividad.
Desde el actual gobierno municipal se apunta que han recabado los informes correspondientes sobre la denuncia y la solicitud recibida para proceder en consecuencia. "La medida final estará avalada por los informes técnicos y jurídicos preceptivos", señalaron.
Otras fuentes de la corporación confirmaron la existencia de los expedientes aludidos en la denuncia ante la Fiscalía "en los términos que expone la denunciante".
El pasado mes de mayo, el entonces edil de Urbanismo, Carmelo García, justificó el cierre del establecimiento amparándose en el contenido del planeamiento.