La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife remitió al Juzgado de Instrucción Decano de Güímar una denuncia por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el anterior grupo de gobierno del Ayuntamiento de Candelaria (solo está excluido el ya exconcejal Javier Rivero). Al estar incluida María Concepción Brito, esta supone la primera imputación para la actual alcaldesa.
La causa es la aprobación definitiva del Presupuesto del Ayuntamiento de Candelaria, ocurrida el 6 de marzo pasado con los únicos votos del Grupo Socialista. En la plantilla que refleja ese documento hay 12 puestos de personal de confianza, algo que el propio secretario de la Corporación advirtió como ilegal en la sesión plenaria.
La Fiscalía entiende que con ello, el entonces gobierno de Candelaria incumplió la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, "que permite un máximo de siete puestos de personal de confianza en la plantilla para aquellos municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes". La Villa Mariana tiene en torno a 26.000 censados.
En su denuncia, la Fiscalía es rotunda: "La plantilla del Presupuesto, no obstante, fue aprobada con los votos favorables de los denunciados, a pesar de que estos conocían de su ilegalidad, dado que fueron expresamente apercibidos por el secretario general del ayuntamiento antes de la votación".
María Concepción Brito dijo desconocer si "se mantuvo en algún documento" la presencia de 12 plazas para personal de confianza, pero "lo cierto es que las personas contratadas eran siete desde que la normativa entró en vigor". De hecho, aclaró que en el momento de la aplicación de esa Ley "teníamos nueve contratados y las dejamos en siete". Actualmente sigue habiendo siete.
Los imputados por la Fiscalía, además de la alcaldesa actual, son el exalcalde, José Gumersindo García; los todavía concejales Olivia Pérez, Jorge Baute y Francisco Pinto, y los ya exediles Domingo Ramos, Ramón Gil, Cecilia Otazo y María del Carmen Pérez.