La próxima corporación municipal de Arona tiene la responsabilidad de crear un nuevo Plan General de Ordenación (PGO) adaptado a la legalidad vigente. De una u otra forma, todos los partidos políticos con representación electa ya lo habían anunciado. Pero hasta que ese documento entre en vigor, los aroneros se regirán por un Plan que data de hace casi tres décadas. Entonces el censo era de unos 20.000 habitantes, mientras que en la actualidad superan los 80.000.

La primera conclusión es que una parte importante de las viviendas del municipio pasan a estar en situación de fuera de ordenación. La segunda es que no se pueden realizar construcciones hasta que no haya un nuevo planeamiento porque no hay normativa que ampare la concesión de licencias. La falta de Plan General de Ordenación (PGO) también supone que Arona se queda sin suelo en el que acometer la realización de obras referidas a equipamientos públicos educativos, sanitarios, deportivos y administrativos.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Arona está a expensas de la actuación de quienes cuentan con una licencia concedida en virtud del planeamiento vigente, parcialmente, hasta el momento en el que el Tribunal Supremo (TS) decidió, el lunes, rechazar el recurso de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Por tanto, secundó la tesis de la nulidad del Plan General de Ordenación que sentenció previamente el Tribual Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Los beneficiarios de licencias urbanísticas y de las unidades de actuación incluidas en el planeamiento ahora anulado están en su derecho de demandar compensaciones económicas por no poder desarrollar lo autorizado. Algunos ya realizan las gestiones para ello. Este aspecto podría generar un desembolso importante de dinero a las arcas municipales.

Asimismo, con esta medida del Tribunal Supremo será imposible aplicar el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de la Zona Turística de Arona que aprobó el Gobierno de Canarias. A través del mismo se proyectaban tres hoteles de nueva construcción y la renovación de otros seis establecimientos hoteleros. Uno de los nuevos complejos hoteleros estaría emplazado en Los Llanos de Troya, un segundo estaría ubicado en El Rincón de Los Cristianos y el tercero, en el plan parcial El Mojón.

En el año 1997 fue cuando comenzó la tramitación del planeamiento aronero ahora anulado por el Tribunal Supremo. Ello deberá implicar que el tercer municipio de la Isla en población y el, hasta hace poco, considerado como el más importante del Archipiélago en materia turística deberá regirse, en lo que a urbanismo se refiere, por un plan que data del año 1987.

La Cotmac aprobó parcialmente el PGO de Arona el 20 de diciembre de 2006 y, posteriormente, el 27 de abril del año 2011. Previamente, el Pleno del Ayuntamiento de Arona dio el visto bueno al planeamiento el 27 de enero de 2011, pero modificando sustancialmente lo aprobado por la Cotmac en 2006. En este punto de la tramitación es donde se produjo la intervención judicial.

"Entre decisiones equivocadas y erróneas, se nos avecinan reclamaciones de posibles indemnizaciones como consecuencia de los convenios urbanísticos ya firmados en virtud de este Plan General". Fueron las palabras que pronunció el todavía portavoz del PSOE y previsible próximo alcalde de Arona, José Julián Mena, cuando se conoció que el TSJC anulaba el planeamiento en junio del año pasado. "De confirmarse lo que se ha hecho público, los últimos gobiernos municipales retrotraen a Arona casi tres décadas", apostilló.

En sesiones plenarias y manifestaciones públicas realizadas por el próximo regidor aronero, si se cumple lo dictaminado por las urnas, dijo que el planeamiento aronero "nació viciado" como consecuencia "de la política urbanística y sin sentido que aplica CC desde hace demasiados años". La consecuencia es "otro mal giro para el municipio. Lamentable".