El Ayuntamiento de Güímar suspendió de empleo y sueldo a un agente de la Policía Local durante seis meses como consecuencia de las presuntas coacciones a empresarios del municipio y de la supuesta imposición indebida de multas a vecinos del casco urbano y de otros puntos.
Varios de los afectados, tanto conductores como comerciantes del casco urbano güimarero, mostraron "nuestra satisfacción por una resolución que viene a resolver un problema que hemos padecido durante un tiempo prolongado sintiéndonos perseguidos y tratados injustamente".
En el documento que suscribieron explicaron que el agente sancionado "llegaba a nuestros comercios, nos pedía la documentación reglamentaria y, en el caso de que no estuviera todo completamente ajustado a la normativa, nos conminaba a resolver el trámite advirtiéndonos de sanciones muy graves dejando muy claro que lo hacía por exigencia del alcalde, algo que era completamente incierto".
Asimismo, se asegura que "muchos de nosotros hemos sido multados en lugares y momentos en que el policía parecía que imponía las multas de forma selectiva, más bien, porque otros que se encontraban en las mismas condiciones no eran multados".
Se da la circunstancia de que el agente de la Policía Local de Güímar sancionado fue objeto de un expediente abierto por sospechar de la falsedad de una baja laboral transitoria. El gobierno municipal contrató los servicios de una agencia de detectives que realizó un seguimiento del trabajador obteniendo pruebas gráficas en las que, según consta en el expediente, se le ve realizando tareas particulares que requería esfuerzos para los que, presuntamente, debía estar imposibilitado ya que era una de las causas de su baja.