Dos vecinos de Arona presentaron denuncias en los juzgados número 4 y número 1 de Arona, los días 5 de octubre de 2010 y el pasado 12, respectivamente, por la realización de una construcción que consideran presuntamente irregular. La obra en cuestión, según exponen en su denuncia, continúa realizándose "pese a habérselo comunicado por escrito al alcalde y al concejal de Urbanismo", José Alberto González Reverón y Antonio Sosa, respectivamente.
Ante el órgano judicial exponen los denunciantes que la edificación cuenta con licencia para cuadra de caballos, pero se da la circunstancia de que "la segunda planta excede la volumetría". Es más, detalla que el inmueble "tiene un techo camuflado con una altura de 3,5 metros, aproximadamente".
Argumentando la normativa legal vigente, en las denuncias se recuerda que una cuadra de caballos no puede estar emplazada a menos de un kilómetros de zonas pobladas, pero en este caso se encuentra a unos 200 metros de un grupo de viviendas, de tres restaurantes y de un colegio.
La situación en la que se encuentra, al parecer, la construcción en cuestión incluye la falta de licencia de actividad clasificada, algo que los denunciantes entienden que es necesario para que el ayuntamiento pueda autorizar una cuadra de caballos.
Un aspecto en el que hacen hincapié es en la edificación de una segunda planta de lo que ya definen como un chalet "mientras el alcalde, el concejal de Urbanismo y el dueño miran para otro lado". El titular de la obra, según exponen los denunciantes, es familiar del regente aronero.
En esa línea, se afirma también que es la segunda obra supuestamente irregular "o ilegal" que el Ayuntamiento de Arona le autoriza a la misma persona. En el caso de la primera, recuerdan que "aunque el implicado aseguró ante el juez que la edificación estaba terminada, lo cierto es que después de esa comparecencia judicial ejecutó metro y medio más de altura".
Planeamiento
Cabe recordar que las actuaciones urbanísticas en Arona están actualmente sujetas a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO), documento que fue alterado en la sesión plenaria celebrada el 27 de enero pasado. En este momento, se encuentra en el proceso de análisis por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) "y en su mano está aprobarlo y sacarlo a publicación, con lo que se unificaría el TR1 y el TR2 en un planeamiento único; o bien que una vez revisado nos los remita al ayuntamiento para que se subsanen posibles errores", dijo Antonio Sosa.
Sin embargo, la decisión del Pleno está sujeta a una decisión judicial puesto que la aprobación de las modificaciones ha sido objeto de una denuncia por entender que se mantienen irregularidades en el documento. Esa medida fue adoptada en consonancia con lo que anunció la oposición. De hecho, en el denominado "caso Arona" se investiga la situación de la vivienda de un concejal del gobierno.