En su lucha legal por conseguir la salvación de Bajo la Cuesta, los vecinos han profundizado en la documentación oficial existente y del estudio que realizaron desprenden que "hay un desfase" entre lo estipulado en el plano correspondiente al emplazamiento de los hitos que definen el deslinde marítimo-terrestre en la zona y la ubicación en que se encuentran dichos mojones. De aplicarse lo reflejado en el plano, Bajo la Cuesta no estaría afectada por la aplicación de la Ley de Costas.

Este documento está en poder del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según explicó ayer el abogado de los afectados, José Ortega, quien explicó que del análisis del plano se deduce que "las coordenadas están a 175 metros dentro del mar".

"Ese es el motivo por el cual la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, nunca ha querido acceder al replanteo del deslinde marítimo-terrestre que le pedimos respecto al fijado en el año 1969", añadió Ortega. El letrado incidió en que "si hubieran atendido nuestra petición, se habrían puesto de manifiesto estos errores que son muy relevantes para la causa de los vecinos de Bajo la Cuesta".

Teniendo en cuenta esa importancia que los afectados y su representante legal dan al nuevo documento, José Ortega defendió que "esto es una barbaridad y permitirá determinar que el deslinde marítimo-terrestre que la Dirección General de Costas estableció en 2006 es otro error monumental".

Ortega recordó que otros testimonios y documentos recientes "constatan que los mojones se encontraban por delante de las viviendas", algo que han certificado un antiguo concejal del Ayuntamiento de Candelaria y un plano municipal aportado por un técnico del mismo consistorio.

Satisfacción del PP

Por otra parte, el portavoz del Partido Popular (PP), José Fernando Gómez, felicitó la decisión del grupo de gobierno de intentar salvar el núcleo costero de Bajo La Cuesta, aunque recordó que esos mismos argumentos se hubieran tenido que usar en su momento ante la COTMAC para que estas casas no quedaran fuera de ordenación, como se encuentran en la actualidad.

Gómez señaló que en marzo del año pasado, y basándose en un informe técnico, se intentó desalojar a las familias que vivían en la zona. La orden fue desestimada por un juez de Güímar al no encontrar razón de ser.

El edil popular aseguró que en las normas subsidiarias de 1987 se reconocía dentro del planteamiento ese terreno como suelo urbano consolidado y obtenía informe favorable por parte de la Dirección General de Costas. Pero en 2006, y con la aprobación del Plan General de Candelaria, el suelo fue recalificado, pasando a ser de protección del litoral.

"Es triste pensar que las familias que viven en Bajo la Cuesta lleven desde marzo sin tener limpieza viaria y sin recogida de residuos sólidos", dijo José Fernando Gómez.

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