El Cabildo Insular, a través de la entidad Instituto Ferial de Tenerife S.A. (participada íntegramente por dicha administración), reclama al Ayuntamiento de Arona la cantidad de 49.045,84 euros en concepto de montaje de los festivales Aguaviva correspondientes a las ediciones celebradas durante los años 2005, 2006 y 2007. La petición es objeto de un recurso contencioso-administrativo tramitado ante el Juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
El 15 de octubre pasado, la Alcaldía aronera dictó una resolución por la que decidió encomendar al Servicio de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal del Cabildo "la defensa y representación del ayuntamiento" en el citado procedimiento judicial.
La Corporación insular denegó la solicitud formulada por el gobierno municipal que preside José Alberto González Reverón teniendo en cuenta que su servicio de defensa jurídica no pude ser utilizado contra el propio Cabildo o contra otros entres locales, sus organismos autónomos y empresas públicas de ellos dependientes. De hecho, así está recogido en el reglamento por el que se rige este servicio. Además, se da la circunstancia de que el mismo es el que ha asumido la representación y defensa de la sociedad que reclama al Ayuntamiento de Arona los 49.045,84 euros, tal y como aparece en el decreto que el presidente del Cabildo emitió el 22 de octubre pasado.
Una idea interesante
Aguaviva es un festival que nació en 2005 organizado por el Ayuntamiento de Arona, patrocinado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Durante el mismo se llevan a cabo actividades paralelas, tales como la formación en buceo, proyecciones, conferencias, talleres y exposiciones. Muchas de ellas tienen como denominador común el conocimiento y la protección de los océanos.
Se da la circunstancia de que el festival también aparece reflejado en el conocido como "caso Arona". En las grabaciones realizadas y autorizadas por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, se recoge una conversación entre el propio alcalde, José Alberto González, y Carmelo García, una persona de su confianza, que tuvo lugar el 7 de julio de 2008.
En la transcripción que aparece en el sumario del caso se lee que el regente aronero, José Alberto González, expone al trabajador que tuvo que mediar ante la entidad bancaria, de la que el alcalde es empleado en excedencia, para que adelantara unos 200.000 euros con el fin de afrontar pagos correspondientes a la organización y el desarrollo del citado festival.