La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, abordó este jueves, con los titulares de los Juzgados de Paz de los municipios tinerfeños de Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje, el proceso de informatización de los registros civiles que afecta a estos Juzgados, con la conexión a la Red SARA, así como el estado actual del despliegue del equipamiento informático puesto en marcha por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Durante la reunión celebrada en Santa Cruz de Tenerife, la viceconsejera reiteró la necesidad de que el conjunto de estos juzgados se conecten a la Red SARA, una red informática que les permitirá acceder al Registro Civil en línea, así como implantar el Atlante II, un aplicativo de gestión procesal que cuenta con un módulo específico para los Juzgados de Paz, informó el Gobierno canario en un comunicado. Déniz recordó, además, que "con ello podremos avanzar en la reducción de los tiempos de respuesta a la ciudadanía y, en general, mejorar el servicio público que se presta a través de estos juzgados".
De los 69 Juzgados de Paz de la Comunidad Autónoma, actualmente están conectados a la Red SARA un total de 25. Esta conexión sólo es posible si lo están los ayuntamientos (34 en estos momentos) donde están radicados los citados juzgados.
Por otro lado, la reunión de este jueves con los titulares de los mencionados juzgados, Alexander Socas (Santiago del Teide), Jorge Vargas (Guía de Isora) y Sebastián Celso Vargas (Adeje), sirvió para perfilar algunos de los temas susceptibles de incorporar al próximo Encuentro de Jueces Paz, que probablemente se celebrará después del verano en ambas provincias canarias. Su objetivo es servir de marco para la reflexión general sobre diversos temas que afectan al conjunto de los jueces destinados en Canarias, y su organización es competencia del Instituto Canario de Administración Pública.
La celebración de este encuentro anual se enmarca dentro del convenio en materia de Formación Continuada de Jueces y Magistrados suscrito por el Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial.