Los vecinos de Bajo la Cuesta continúan en sus viviendas, a pesar del decreto de desalojo que emitió la Alcaldía de Candelaria el viernes pasado. Así será mientras el juzgado no decida lo contrario después de que, teniendo en cuenta la desobediencia de la población a dicho decreto, el alcalde, José Gumersindo García, haya solicitado a la autoridad judicial que les ordene abandonar sus casas por el riesgo de desprendimientos desde el talud situado entre la autopista y el barrio.

Los afectados sospechan que el gobierno local se haya visto inmerso en una estrategia de la Dirección General de Costas con la pretensión de evitar que vuelvan a sus casas, ya que están incluidas en el expediente de recuperación posesoria del espacio de dominio público marítimo-terrestre promovido por el Gobierno central.

El decreto de desalojo de Bajo la Cuesta fue emitido por el alcalde ante la alerta causada por vientos muy fuertes y teniendo en cuenta sendos informes emitidos por la Demarcación de Costas y la Oficina Técnica Municipal. El primero aludía a riesgo por desprendimientos en el talud que está entre la autopista y el barrio, mientras que el segundo llegaba a plantear no sólo el cierre del acceso al lugar, sino el corte de abastecimientos fundamentales como agua, energía eléctrica, alumbrado y telefonía.

El portavoz vecinal, Antonio Oliva, explicó que la población demanda "garantías sobre el retorno a nuestras casas y que se nos diga cuándo será posible" teniendo en cuenta que en el decreto de desalojo se anuncia que tal medida estará vigente "hasta tanto los servicios técnicos aconsejen su levantamiento".

Oliva dejó claro que "apostamos por reconducir esta situación" con el consistorio esperando que la Alcaldía, con cuyo titular se entrevistó anteayer, "dé el siguiente paso parando la vía judicial" abierta con la petición que el alcalde trasladó al Juzgado de Güímar. En esa línea, no puso en duda la "buena fe del alcalde, pero nos preguntamos si Costas tiene la misma".

Teniendo en cuenta que para solventar este problema han de realizarse obras que eviten el peligro al que aluden los informes emitidos, consideró que es preciso despejar algunas dudas sobre la financiación de los trabajos, su duración y si se cuenta con las autorizaciones correspondientes de Costas.

Hasta el momento, en Bajo la Cuesta permanecen casi la totalidad de los habitantes de las más de 50 viviendas que existen en el lugar, tanto en la calle Manuel Oliva Martín, la única del barrio, como en la zona conocida por Paseo de la Soga, situada más allá del tramo asfaltado.

En un primer instante fueron muchos los vecinos que mostraron su disposición a desalojar sus viviendas cumpliendo con la orden de la Alcaldía. Sin embargo, con el paso de las horas cambiaron de parecer y ahora están a la espera de una decisión de la autoridad judicial.